La Audiencia Nacional ha abierto “diligencias previas” a raíz de la denuncia de un pequeño accionista de Terra contra los consejos de administración de Telefónica y su filial, por “apropiación indebida y administración fraudulenta”, al causar “un perjuicio” de 1.100 millones de euros a los inversores.
El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios indica que estas actuaciones “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Aunque la juez no cree determinadas ni “la naturaleza” ni las “circunstancias” de los hechos denunciados por este pequeño accionista, ligado a una plataforma promovida por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), sí estima como “procedente” instruir diligencias previas, de las que será notificado el Ministerio Fiscal para que informe.
Precisamente, durante este mes, pequeños accionistas de Terra han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción “cientos de denuncias” por “supuesta estafa” y “supuesto delito societario” contra los consejos de administración de Telefónica y su filial sobre el intento de fusión por absorción que la operadora planteó sobre su filial.
En la denuncia particular que motivó el último auto de la juez Palacios, se habla de “saqueo” pues, a su juicio, los citados consejos de administración dispusieron “fraudulentamente” de los bienes de Terra y lograron “impedir su desarrollo”, “causando directamente un perjuicio económico evaluable en los más de dos millones y medio de líneas de ADSL ya contratadas”.
También el escrito indica que el consejo de administración de Telefónica, “con la connivencia” del de Terra, realizó una “apropiación indebida” del “más valioso activo patrimonial intangible” de su filial: “el derecho a ofrecer servicios de accesos y contenidos a Internet”. La comercialización de estas líneas de alta velocidad, según la denuncia, supone unos ingresos anuales superiores a los mil millones de euros y existen previsiones, para el año 2006, que apuntan a los 3.000 millones de euros anuales.
Asimismo, esta demanda presentada el 4 de abril ante la Audiencia Nacional alude a la OPA que Telefónica hizo sobre Terra en 2003, “a la que se opuso la práctica totalidad de los centenares de miles de inversores particulares y algún inversor institucional”. La denuncia estima el “perjuicio real mínimo” del 28 por ciento del capital de Terra que no pudo adquirir Telefónica en 1.100 millones de euros, al considerar las acciones “que restan independientes” en 169 millones y restar el valor de lanzamiento de la acción de Terra en 1999, 11,81 euros, con el valor “artificialmente bajo” ofrecido por la OPA de 2003 de 5,25 euros.}
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