Tras la presión de los usuarios y las compañías de Internet, que conseguió paralizar la votación de los proyectos antipiratería SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect Intellectual Property Act) en el Congreso de los Estados Unidos, los cibernautas españoles también han decidio ponerse manos a la obra e intentar frenar la aplicación de la Ley Sinde.
¿Los motivos aducidos? Fundamentalmente las funciones atribuidas a la Comisión de Propiedad Intelectual, en tanto que se le conceden “a un órgano administrativo competencias asignadas a los jueces por Ley”. También se critica la inseguridad jurídica en la que quedan los ciudadanos al establecerse unas “infracciones difusas” y unas “sanciones sin la habilitación legal precisa”, que violan derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de información en favor de la censura.
Por otra parte, aunque la “Ley Sinde Wert” modifica sustancialmente otros textos como las leyes de Comercio Electrónico, de Propiedad Intelectual y de Jurisdicción Contenciosa, “al desarrollarlas, el Reglamento contradice Sentencias del TS/TC que interpretan los límites que ha de tener en su alcance una norma de este tipo”.
La controvertida ley fue aprobada por el Gobierno popular el pasado 30 de diciembre, pero la Asociación considera “imprescindible” paralizar su puesta en práctica “hasta que exista una opinión judicial que la avale.
En su comunicado también ha aprovechado para lanzar un llamamiento a los miembros de la comunidad virtual para que suscriban esta demanda y apela a al “solidaridad económica para sufragar los gastos que este proceso legal conlleva”.
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