La justicia belga inculpa a Google por segunda vez
La justicia belga ha vuelto a condenar a
Google por violación de los derechos de
autor, mediante una ordenanza del tribunal de primera instancia de Bruselas.
La compañía ya fue anteriormente demandada por
Copiepresse, quien le acusaba no tanto
el hecho de haber publicado artículos de prensa, en particular en
Google News, como de no remunerar a los
autores de dichos textos, motivo por el que la compañía fue condenada por
primera vez en septiembre de 2006.
Entonces Google pidió ir a juicio y la justicia belga confirmó su primera
sentencia, modificando sin embargo la multa, que quedó reducida a 25.000 euros
diarios.
Si el gigante de Internet decidiese cumplir su condena, debería retirar de
todos sus sites todos los artículos, fotografías y representaciones gráficas de
los miembros de la asociación, además de pagar 3 millones de euros. Sin embargo,
Google ha anunciado que volverá a recurrir.
Google, amenazado en Europa
Dado que el derecho belga está próximo del francés, la victoria de
Copiepresse, que aún está por confirmar si Google decide recurrir, dará fuerza a
la demanda interpuesta por la
AFP
(Agence France Presse) contra el motor de búsqueda por el mismo motivo.
“Es importante que un tribunal reconozca que hay que pedir autorización antes
de utilizar los contenidos de alguien, y que incluso si se hace ocultándose tras
esa máscara de generosidad extrema de los que van a difundir el saber por el
mundo, no se hace cogiéndoselo a los que lo producen con tanto esfuerzo?,
declaró Pierre Louette, director general de AFP.
La práctica habitual de Google consiste en indexar automáticamente el
contenido de los sitios web, incluso cuando éstos están sometidos a derechos de
autor, como es el caso de los periódicos online.
Además, siguiendo un comportamiento muy americano, la compañía es adepta del
opt-out, es decir, que reconoce el derecho de denunciar un contenido indexado en
sus bases a posteriori. Esto significa que indexa sin preocuparse de los
derechos asociados, y es el propietario de los mismos quien debe intervenir
después para prohibir su difusión. Esta forma de actuar es opuesta a la que
prolifera en Europa (opt-in), donde la autorización debe ser anterior a la
publicación.
El problema pues, tanto para la prensa como para editores y librerías ?por el
motor Google Book? es que la compañía
proporciona acceso gratuito a contenido que sigue la distribución clásica
comercial, es decir, de pago.
