La Ley Orgánica de Protección de Datos va a experimentar un “lavado de cara” tras las intenciones de refuerzo manifiestas de la Comisión de Libertades Informáticas. Su objetivo no es otro que garantizar el derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos personales a través de un documento en el que han participado asociaciones de consumidores, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y, cómo no, un buen número de agrupaciones de tintes digitales.
El texto común, dividido en 18 apartados, apuesta en primer lugar por la seguridad del menor, uno de los actores de mayor vulnerabilidad en este sentido y, entre otras muchas cuestiones, por el cumplimiento a “rajatabla” de toda la normativa relacionada con la intimidad de la información personal. Es más, se postula la idea de crear la figura del Delegado de Protección de Datos, cuya función se encaminaría precisamente a la defensa directa y plena de los derechos de los afectados.
Y si todo ello no tuviera los efectos necesarios, se incluye la reforma del sistema sancionador, una solución para los que manipulan las leyes, las multas y los beneficios personales. Sin olvidar tampoco las nuevas posibilidades que se abren a la Agencia de Protección de Datos para adoptar medidas cautelares.
En definitiva, una propuesta que de seguir su curso promete no caer en el temido “papel mojado” de tantas ocasiones pasadas. Así pues, esperemos que la Administración en su conjunto y de forma más puntual el Ministerio de Justicia tomen cartas en el asunto y no dejen pasar una reforma posible que beneficia a todos. A mayores y pequeños.
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