Instacart pagará 4,6 millones de dólares para resolver una demanda colectiva

El servicio de entrega de comestibles de tiendas locales Instacart está en un buen momento. Al menos en lo que a inversores se refiere. Hace apenas dos semanas que cerraba su última ronda de financiación, en la que conseguía 400 millones y con la que elevaba su valoración hasta los 3.400 millones de dólares.

Quizás por eso han preferido llegar a un acuerdo en una acusación colectiva antes de que llegase más adelante en el proceso judicial. Los demandantes, todos trabajadores o antiguos trabajadores de la empresa, alegaban que Instacart les clasificaba erróneamente como contratistas independientes, cuando en realidad eran empleados. A causa de esto, la empresa incurría en varias faltas, como que no les remuneraba las horas extra o los gastos asociados al trabajo.

Instacart ha accedido a desembolsar 4,625 millones, una cantidad con la que pagar a demandantes, abogados y otros costes. Además, la firma deberá realizar cambios en la forma en la que explica sus tarifas a sus clientes.

El acuerdo establece que un tercio del total se destinará a pagar a los abogados y los costes judiciales. Tres de los demandantes recibirán un pago inicial de 5.000 dólares, mientras que el resto de los que figuran en la acusación colectiva recibirán cantidades de 1.000 o 500 dólares. Una vez pagados estos y otros costes administrativos, la cantidad restante se dividirá entre los participantes de la demanda según su nivel en la empresa, el tipo de trabajo que desempeñaban y las horas facturadas.

Instacart también ha accedido a cambiar otros puntos de su negocio, como explica Recode. Por ejemplo, tendrá que clarificar en su app la diferencia entre “tarifa de servicio” y “propina”, ya que muchos clientes asumen que la tarifa es una propina, lo que acaba repercutiéndoles a los vendedores de la plataforma.

Instacart se ha comprometido a clarificar que hay casos en los que se requiere que los vendedores tengan cierto tipo de seguro. Además, deberán implementar una política de despidos, que explique claramente bajo qué circunstancias un trabajador puede ser obligado a salir del servicio.