Iberdrola, obligada por sentencia judicial a desmantelar la mayor planta fotovoltaica de Europa
Una sentencia judicial obliga a Iberdrola a desmantelar la mayor planta de Europa de generación de energía solar fotovoltaica.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura ha dictado una sentencia en la que obliga a Iberdrola al desmantelamiento de la planta fotovoltaica que tiene en la provincia de Badajoz y que se extiende por tres municipios: Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida.
Esta planta, bautizada como “Núñez de Balboa”, con casi un millón y medio de paneles fotovoltaicos, es la de mayor capacidad de toda Europa, con 500 MWh de producción, pudiendo suministrar energía eléctrica a 250.000 hogares, se encuentra en un terreno de 525 hectáreas sobre el que Iberdrola firmó un contrato de arrendamiento por 25 años con Santos Lázaro Arias, el propietario del emplazamiento a quien ahora la sentencia obliga a restituir al propietario los terrenos en su configuración inicial, lo que obliga a desmantelar las instalaciones de la planta.
Del arrendamiento a la expropiación en menos de 24 horas
La fuente del conflicto que ha llegado a los tribunales parte de que Iberdrola, en la misma fecha en la que se firmó el citado contrato de arrendamiento en 2020, inició un procedimiento para promover por parte de la Administración la expropiación de dichos terrenos. Distintas Administraciones públicas colaboraron en el inicio de ese expediente de expropiación, contra el que Lázaro Arias recurrió ante los tribunales que ahora le dan la razón al declarar ilegal la expropiación.
Según la sentencia el tribunal encuentra carente de fundamento la solicitud de expropiar un terreno sobre el que se acababa de asegurar el derecho de arrendamiento durante 25 años.
Por todo ello la sentencia obliga a la restitución del terreno a su estado original previo a la instalación de la planta fotovoltaica, que es lo que solicitaba el demandante, calificando literalmente de “despropósito” la solicitud de Iberdrola, basada en el desacuerdo con respecto a un justiprecio sobre el terreno fijado unilateralmente por la empresa en 3,3 millones de euros.
Se estima que existió abuso de derecho, además de haberse valido Iberdrola de la colaboración de los poderes del Estado para conseguir que se tramitase una expropiación ahora declarada ilegal. Contra esta sentencia del TSJ extremeño cabe interposición (ya anunciada por parte de Iberdrola) de recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo.
