Hungría decide crear un impuesto al consumo de datos
El gobierno húngaro sigue con sus planes para obtener ingresos a base de imponer toda clase de impuestos, el último de ellos propone pagar por cada gigabyte de datos tanto a empresas como ciudadanos.
En los últimos años, Hungria ha trazado un plan para minimizar las consecuencias de la crisis y mantener los presupuestos del país. El plan se basa en buena parte en la imposición de todo tipo de nuevos impuestos a sectores como la banca, la energía y hasta la venta minorista. Este sistema de recaudación ya ha generado numerosas críticas, pero sus más recientes planes para imponer impuestos también al consumo de datos en Internet han desatado las protestas en Hungría.
El borrador del sistema de impuestos para el 2015 indica el que tanto ciudadanos como empresas pagarán 150 forintos húngaros por cada gigabyte de datos, lo que viene a ser unos 52 céntimos de euro. Se fijarán además unos impuestos máximos mensuales independiente de si superamos la cantidad de gigas, que serán de unos 2,27 euros para personas físicas y unos 16,26 euros para empresas.
Durante 2013, Hungría registró un uso de unos 1.150 millones de GB en conexiones fijas y 18.000 millones de GB en conexiones móviles, por lo que se estima que este nuevo impuesto podría suponer unos 175.000 millones de forintos, unos 569 millones de euros. Pero las estimaciones del gobierno húngaro son bien distintas e indican unos 20.000 millones de forintos, dato por el que se cree que habrá modificaciones importantes en la ley.
De hecho decenas de miles de húngaros están protestando ya en Internet, creándose un grupo de Facebook destinado a la protesta formal y planeándose concentraciones este domingo frente al ministerio de economía húngaro. Entre los cambios que se proponen están límites máximos más reducidos y que el impuesto lo paguen los proveedores, no los usuarios.
Por otro lado los operadores ya avisan que este impuesto obligará a subir los precios y que al final los afectados serán los propios usuarios, mientras que desde los que organizan las propuestas se opina que este impuesto supone prácticamente vulnerar los derechos humanos y convertir Internet en un bien de lujo cuando se trata de algo básico para realizar cientos de trámites en organismos públicos y privados.
