La norma salió en segunda votación en la Asamblea, a pesar del
tirón de orejas de Europa, aunque pronto acabó en la lista de leyes no válidas. El texto fue llevado al Constitucional, que
lo tiró por la ausencia de una figura judicial para determinar el corte de red.
Sarkozy aseguraba entonces que
llevaría la ley “hasta el final”. Tras sacrificar a la ministra de Cultura, Christine Albanel, y poner a su lugar a Frederic Miterrand, el Gobierno ajustó la nueva norma a las peticiones del organismo.
Un juez tendrá ahora parte y arte en la decisión de dejar sin conexión al ciudadano.
Lectura mails A pesar de este ajuste, el camino final hacia la aprobación no ha sido sencillo para Hadopi 2. El uso de un término ambiguo abría la puerta a que los agentes del Alto Comisionado rastreasen los correos de los ciudadanos. “Esta ampliación constituye una afrenta contra la vida privada”,
denunciaba entonces una diputada comunista.
La presión y, sobre todo, la posibilidad de que esta inclusión posibilitase una nueva caída en el Constitucional
han tirado por tierra esta intención. Sarkozy ya no podrá leer el correo electrónico de sus ciudadanos. La norma que llega ahora de nuevo a la Asamblea Nacional (y que ya ha pasado el examen del Senado) está por tanto desprovista de algunas de sus características originales.
Aún así, y tal y como recuerda
Le Nouvel Observateur, las penas seguirán siendo duras:
desde tres años de prisión y 300.000 euros de multa para la copia ilícita hasta los 3.750 para los piratas domésticos. Tampoco escaparán de la norma aquellos cuya línea esté siendo usada para el mal, sin ser ellos mismos los malos: Hadopi 2 considera que se trata de una negligencia.
Los diputados socialistas, a pesar de que el ministro de Cultura haya decidido
contactar con ellos de forma personalizada, ya han amenazado con dar guerra. La votación de la norma será una movida manera de arrancar la semana.
¿Podrá irse Sarkozy de vacaciones con la casa barrida?