Hadopi: el tira y afloja de Sarkozy y los internautas
Mucho ruido y pocas nueces. O mucho ruido y pocas leyes. Hadopi, el nombre de guerra con el que se conoce a la Ley Création et Internet, con la que la Administración Sarkozy quiere regular el uso (ilegítimo) que los ciudadanos franceses hacen de la red, se ha convertido en una especie de patata caliente en las altas esferas galas.
El balance a día de la segunda última y definitiva votación en la Asamblea Nacional deja unas considerables heridas de guerra: una ministra caída, un nuevo ministro que se encontró con un pastel de sabor amargo en su investidura, una guerra abierta o no entre Europa y Francia y la conversión de Nicolas Sarkozy en el Satán favorito de los internautas.
Y es que a pesar de haber sido aprobada ya en la Asamblea Nacional en la segunda vuelta de su primera tramitación (y después de un chusco episodio en el que la ley no pudo salir adelante por la ausencia de los diputados del Gobierno en la Cámara), Hadopi vuelve otra vez a estar en manos de los diputados y sigue sin dejar dormir el sueño del ciberespacio a Nicolas Sarkozy. ¿Qué ha sucedido con esta norma para que el presidente francés tenga que dejar para la recta final de vacaciones una ley tan controvertida?
Todo empezó con la red, con la piratería y con las protestas de los tenedores de derechos de autor. Las quejas de aquellos que perdían dinero con el intercambio de archivos en el ciberespacio reclamaron al Gobierno (francés) y consiguieron eco a sus plegarias en Nicolas Sarkozy. El presidente y su equipo elaboraron un proyecto de ley que endurecía el castigo para aquellos que intercambiasen archivos protegidos.
Nacía el sistema tres avisos francés: los infractores recibirían varios mensajes alertándole de que su comportamiento era ilegal e invitándoles a abandonarlo. La invitación no era meramente testimonial. Si el afectado no cesaba en su comportamiento, se cortaría su acceso a la red. Los encargados de determinar el corte serían los agentes de Hadopi, la Alta Autoridad para Internet cuyas siglas en francés dan nombre a la ley, sin juez mediante.
La norma salió en segunda votación en la Asamblea, a pesar del tirón de orejas de Europa, aunque pronto acabó en la lista de leyes no válidas. El texto fue llevado al Constitucional, que lo tiró por la ausencia de una figura judicial para determinar el corte de red.
Sarkozy aseguraba entonces que llevaría la ley “hasta el final”. Tras sacrificar a la ministra de Cultura, Christine Albanel, y poner a su lugar a Frederic Miterrand, el Gobierno ajustó la nueva norma a las peticiones del organismo. Un juez tendrá ahora parte y arte en la decisión de dejar sin conexión al ciudadano.
Lectura mails
A pesar de este ajuste, el camino final hacia la aprobación no ha sido sencillo para Hadopi 2. El uso de un término ambiguo abría la puerta a que los agentes del Alto Comisionado rastreasen los correos de los ciudadanos. “Esta ampliación constituye una afrenta contra la vida privada”, denunciaba entonces una diputada comunista.
La presión y, sobre todo, la posibilidad de que esta inclusión posibilitase una nueva caída en el Constitucional han tirado por tierra esta intención. Sarkozy ya no podrá leer el correo electrónico de sus ciudadanos. La norma que llega ahora de nuevo a la Asamblea Nacional (y que ya ha pasado el examen del Senado) está por tanto desprovista de algunas de sus características originales.
Aún así, y tal y como recuerda Le Nouvel Observateur, las penas seguirán siendo duras: desde tres años de prisión y 300.000 euros de multa para la copia ilícita hasta los 3.750 para los piratas domésticos. Tampoco escaparán de la norma aquellos cuya línea esté siendo usada para el mal, sin ser ellos mismos los malos: Hadopi 2 considera que se trata de una negligencia.
Los diputados socialistas, a pesar de que el ministro de Cultura haya decidido contactar con ellos de forma personalizada, ya han amenazado con dar guerra. La votación de la norma será una movida manera de arrancar la semana.
¿Podrá irse Sarkozy de vacaciones con la casa barrida?
