A pesar de la seguridad que se le supone a organismos como el Banco Central Europeo (BCE), incluyendo toda su infraestructura informática, parece que los ciberdelincuentes no tienen límites.
Eso sí, las autoridades comunitarias se han apresurado a calmar cualquier síntoma de preocupación, dejando claro que “el robo ha sucedido en una base de datos que es independiente de cualquier sistema interno” y que, por lo tanto, “no hay datos sensibles de mercado comprometidos”.
Si no hay datos financieros de por medio, ¿cuál ha sido el botín final de los hackers? Básicamente, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones postales de un buen puñado de ciudadanos.
El problema radica en que esta información, o al menos parte de ella, no se guardaba cifrada como sí sucedía con “la mayoría de los datos” contenidos en la base de datos. Y residían allí como consecuencia del registro de los internautas en los eventos organizados por el BCE.
Para paliar los efectos de esta acción de cibercrimen, los responsables de esta institución europea ya han parcheado el bug que permitió la brecha de información, han reseteado las contraseñas de acceso y han iniciado una investigación en colaboración con la policía.
Su alianza busca mejorar la rentabilidad y la seguridad e incluye una expansión por Norteamérica.
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