A partir del cuarto trimestre de 2009, las grandes empresas españolas tendrán la obligación de facturar electrónicamente a las entidades de la Administración Pública, y en 2011 esta obligación se ampliará a todas las empresas, con independencia de su tamaño.
De este modo, el Gobierno pretende incentivar la implantación de la facturación electrónica en el tejido empresarial español. No obstante, éste está constituido en más de un 90% por pymes, mayoritariamente microempresas de menos de 10 empleados que no mantienen relaciones comerciales con la Administración ni intención de cambiar su modo de llevar su negocio.
Normalmente, el uso de la e-factura es directamente proporcional al tamaño de la empresa, como ocurre con la disponibilidad y uso de las TIC en general. Por ello, cuando la Dirección General de Industria y Empresas de la Comisión Europea asegura que España se sitúa a la cabeza de la UE en implantación de la factura electrónica –con un 26,1% de empresas que la utilizan, frente al 25,8% del Reino Unido, el 18,2% de Francia, el 17,4% de Alemania o el 6,6% de Italia–, aunque no se hace referencia ninguna al tamaño se entiende que estos porcentajes responden al ámbito de la gran empresa, mientras que en realidad las microempresas la utilizan bastante menos de lo que sería deseable.
La adopción de cualquier tecnología pasa por un convencimiento de su utilidad, que a su vez viene dado por un cambio de mentalidad que nos permita dar una vuelta de tuerca a la manera tradicional de hacer las cosas para adaptarnos a los nuevos tiempos. La cultura española, y mediterránea en general, no está tan concienciada como la de los países nórdicos para dar este salto.
Por ello, aunque afortunadamente ya se van viendo indicios que apuntan hacia el buen camino, y empresas que han comenzado a “pasar por el aro tecnológico”, es importante que tanto las Administraciones Públicas como la banca, los desarrolladores de software y empresas TIC, las asociaciones empresariales y la sociedad en su conjunto continúen realizando los esfuerzos necesarios para que la factura electrónica sea una realidad en nuestro país. En este sentido, la labor divulgativa es clave.
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