La facturación electrónica reduce los costes por factura emitida (emitir una factura en papel cuesta 1,50 €, y una factura electrónica, 0,15 €), agiliza la localización de información, garantiza mayor seguridad y control del almacenamiento, libera espacio físico destinado al almacenamiento de facturas en papel, confiere mayor eficacia y rapidez a los procesos administrativos, facilita los procesos de auditoría…
Todo esto está muy bien, pero es necesario desarrollar acciones que ayuden a las pequeñas empresas a comprender y aprender a utilizar los mecanismos de la e-factura.
Sólo así podrán comprobar que las ventajas que les cuentan que proporciona son reales, y no palabras huecas o argumentos comerciales de proveedores que pretenden venderles su producto, solución o plataforma.
Sólo así entenderán que su uso no es tan complicado como inicialmente pensaban, y que la recompensa del esfuerzo económico y humano dedicado a su implantación merece la pena.
Principales obstáculos
La plena integración de la facturación electrónica presenta una serie de dificultades. Una de ellas es el hecho de que no está homogeneizada, sino que coexisten diferentes formatos que no han llegado a unificarse: Facturae, el modelo estatal, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; UBL (Universal Business Language), impulsado por el consorcio Oasis, en el que participan más de 600 organizaciones de 100 países; o EDI (Electronic Data Interchange), el más popular, que utiliza la mayor parte de las empresas de gran distribución y automoción.
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