Hacia la plena integración de la e-factura

A partir del cuarto trimestre de 2009, las grandes empresas españolas tendrán la obligación de facturar electrónicamente a las entidades de la Administración Pública, y en 2011 esta obligación se ampliará a todas las empresas, con independencia de su tamaño.
De este modo, el Gobierno pretende incentivar la implantación de la facturación electrónica en el tejido empresarial español. No obstante, éste está constituido en más de un 90% por pymes, mayoritariamente microempresas de menos de 10 empleados que no mantienen relaciones comerciales con la Administración ni intención de cambiar su modo de llevar su negocio.
Normalmente, el uso de la e-factura es directamente proporcional al tamaño de la empresa, como ocurre con la disponibilidad y uso de las TIC en general. Por ello, cuando la Dirección General de Industria y Empresas de la Comisión Europea asegura que España se sitúa a la cabeza de la UE en implantación de la factura electrónica –con un 26,1% de empresas que la utilizan, frente al 25,8% del Reino Unido, el 18,2% de Francia, el 17,4% de Alemania o el 6,6% de Italia–, aunque no se hace referencia ninguna al tamaño se entiende que estos porcentajes responden al ámbito de la gran empresa, mientras que en realidad las microempresas la utilizan bastante menos de lo que sería deseable.
La adopción de cualquier tecnología pasa por un convencimiento de su utilidad, que a su vez viene dado por un cambio de mentalidad que nos permita dar una vuelta de tuerca a la manera tradicional de hacer las cosas para adaptarnos a los nuevos tiempos. La cultura española, y mediterránea en general, no está tan concienciada como la de los países nórdicos para dar este salto.
Por ello, aunque afortunadamente ya se van viendo indicios que apuntan hacia el buen camino, y empresas que han comenzado a “pasar por el aro tecnológico”, es importante que tanto las Administraciones Públicas como la banca, los desarrolladores de software y empresas TIC, las asociaciones empresariales y la sociedad en su conjunto continúen realizando los esfuerzos necesarios para que la factura electrónica sea una realidad en nuestro país. En este sentido, la labor divulgativa es clave.

 
La facturación electrónica reduce los costes por factura emitida (emitir una factura en papel cuesta 1,50 €, y una factura electrónica, 0,15 €), agiliza la localización de información, garantiza mayor seguridad y control del almacenamiento, libera espacio físico destinado al almacenamiento de facturas en papel, confiere mayor eficacia y rapidez a los procesos administrativos, facilita los procesos de auditoría…
Todo esto está muy bien, pero es necesario desarrollar acciones que ayuden a las pequeñas empresas a comprender y aprender a utilizar los mecanismos de la e-factura.
Sólo así podrán comprobar que las ventajas que les cuentan que proporciona son reales, y no palabras huecas o argumentos comerciales de proveedores que pretenden venderles su producto, solución o plataforma.
Sólo así entenderán que su uso no es tan complicado como inicialmente pensaban, y que la recompensa del esfuerzo económico y humano dedicado a su implantación merece la pena.
Principales obstáculos
La plena integración de la facturación electrónica presenta una serie de dificultades. Una de ellas es el hecho de que no está homogeneizada, sino que coexisten diferentes formatos que no han llegado a unificarse: Facturae, el modelo estatal, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; UBL (Universal Business Language), impulsado por el consorcio Oasis, en el que participan más de 600 organizaciones de 100 países; o EDI (Electronic Data Interchange), el más popular, que utiliza la mayor parte de las empresas de gran distribución y automoción.

 
Para simplificar este marco tan diverso, Fundetec, en colaboración con la Fundación I+D del Software Libre, ha desarrollado un conjunto de funcionalidades o librerías en código abierto que permiten la interoperabilidad entre formatos y puedan integrarse fácilmente en el software de gestión utilizado por la pyme.
El otro gran obstáculo que frena la adopción de la e-factura en el entorno de la pequeña empresa es el desconocimiento de qué compañías o entidades públicas permiten en la actualidad que sus clientes o proveedores realicen sus transacciones mediante este documento electrónico.
En este sentido, Fundetec, en colaboración con el Ministerio de Industria, ha elaborado un directorio público de entidades públicas y privadas que emiten y reciben factura telemática. Este directorio, el primero de estas características disponible en España, está abierto para que cualquier entidad que lo desee pueda incluir sus datos, y puede consultarse a través de la web www.facturae.es.
Lograr que España dé el paso definitivo hacia la economía del siglo XXI es una tarea de todos, y no lo conseguiremos hasta que veamos las tecnologías no como un gasto, sino como una inversión. Como una inversión que revierte en la mejora de la productividad y competitividad del negocio.