Los gobiernos se han impuesto finalmente a la voluntad de los parlamentarios que querían dejar claro en el texto final que reformará las telecomunicaciones europeas, que el acceso a Internet sólo podría cortarse con autorización judicial previa, lo que habría bloqueado la Ley francesa.
No será el caso y esta garantía se modifica señalando que los usuarios tendrán “el derecho a una sentencia de un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley y que actúe con el respeto debido al proceso”. Una redacción que no vale para nada ya que el recurso administrativo ante los tribunales ya está contemplado y que legitima la ley francesa, según señalan en el mundo
Por tanto, el pasteleo entre Eurocámara y Gobiernos, se salda con la desaparición de la exigencia de autorización judicial previa para la suspensión del servicio a Internet -la única garantía admisible- sustituyéndose por una “autoridad administrativa”, que estará al servicio del poder ejecutivo y de las sociedades de derechos de autor.
Si nadie lo remedia, el acuerdo que hipócritamente cita que habrá que “respetar los derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión o el acceso a la información”, será refrendado por el pleno de la Eurocámara la semana próxima.
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