En pleno Mundial de Fútbol y cuando ya se daba casi por seguro el agosto de las empresas de apuestas online, el responsable de comunicación de Betfair Iberia, Xabier Ojer, explicaba que más que de victorias de España “de lo que estamos necesitados (en el mercado del juego online) es de una regulación legislativa”.
El sector de las apuestas online se encuentra en una especie de vacío legal en España, con una legislación dormida que obliga a las empresas a refugiarse en otros países, como Reino Unido, para operar con leyes sólidas y claras. O quizás operaba. El Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de la Ley del Juego, que estudia como dar salida a nuevos modos de juego a través de las nuevas tecnologías, como internet o la TDT.
“Es una ley con la que damos cumplimiento a lo recogido en la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información”, ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior, explicando que el anteproyecto de ley quiere dar cobertura legal tanto a los usuarios como a los empresarios.
En 2007 hubo una enmienda que encargaba al Gobierno que presentará un anteproyecto de ley para regular el juego, sobre todo las apuestas a través de soportes interactivos, recordó la máxima responsable de Economía, Elena Salgado. En el Consejo de Ministros se trajo el primer texto. Ahora toca leerlo y discutirlo, por las CCAA – que tienen las competencias – y por asociaciones profesionales.
Salgado recordó también que Europa ha exigido la liberalizacion del sector, lo que influye con algunos cambios en el panorama del juego español. Además, “había un vacío legal sobre las nuevas formas de juego”, recuerda Salgado, por lo que se incluye de forma “muy singular” en la ley. Sobre las apuestas online, la norma también regula la publicidad y otros elementos como la protección de menores o de las personas alejadas del juego. La ministra de Economía ha recordado que existen 40.000 personas inscritas en los registros estatales y 33.000 en los autonómicos que han pedido “voluntariamente” ser alejadas del juego.
Al igual que proteger a los ciudadanos, el Estado velará porque el juego no se convierta en un modo de blanquear capitales.
La ley establecerá dos puntos clave: sólo serán válidos operadores con licencia o autorización y se establece un régimen sancionador, que ejercerá un regulador independiente. “Parece necesario separar ese regulador de Loterías y Apuestas del Estado”, explica Salgado, ya que hay más actores de juego. Loterías y Apuestas del Estado se convertirá tras la aprobación de la ley en sociedad estatal pública y se apuntalará una Comisión Nacional de Juego.
La Comisión Nacional del Juego ya existe, asociada al Ministerio de Interior y con actividades más limitadas que las que tendrá si el anteproyecto sigue adelante.
Sobre el régimen fiscal, se contará con un impuesto específico. “Los premios tributan, salvo Loterías y la ONCE”, recuerda Salgado. Los impuestos no serán los mismos para todos los juegos, ya que son muy variados y no todos estarán en esa ley. “Lo que ahora puede dar de sí el juego por internet no es más que una estimación”, explica.
Francia ya había liberalizado el sector en abril. “Este texto nos permitirá progresivamente eliminar el mercado negro en apuestas en línea al crear una oferta legal que siga las reglas”, explicaba entonces su ministro de Finanzas, François Baroin.
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