El Gobierno quiere una Ley de Propiedad Intelectual más restrictiva
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que baraja Wert pretende universalizar el canon digital, limitar la copia privada y perseguir las webs de enlaces.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, y el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, barajan una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que universalizaría el pago del canon digital y limitaría el concepto de copia privada, según un documento al que ha tenido acceso la web Internautas.org.
Uno de los aspectos de la reforma de la LPI, ya avanzado, es la compensación por copia privada, el conocido como canon digital, a través de una partida en los Presupuestos Generales del Estado. Esta medida es contraria a las recomendaciones de los expertos consultados por la Comisión Europea sobre cómo armonizar el canon por copia privada en toda la UE. Estos defienden que el canon debería continuar imponiéndose sobre dispositivos y equipos capaces de hacer copias privadas.
Además, limita el concepto de copia privada, ya que establece que para poder hacer una copia privada, esta tendrá que ser únicamente una copia realizada a partir del “soporte original”. No serían legales, por tanto, las copias hecha a partir de copias licenciadas u otras copias privadas.
En cuanto a los enlaces, pretende modificar el apartado 1 del artículo 270 del Código Penal para perseguir las webs de enlaces. Pretende tipificar como delito la actividad de “facilitar la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente, entre otros, mediante listados ordenados y clasificados de enlaces a tales contenidos, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral de mantenimiento”. Aunque excluye a los “prestadores que desarrollen una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos”, como sería el caso de Google.
Finalmente, en el ámbito de los contenidos académicos, establece una “remuneración equitativa” que percibirán los autores de obras reproducidas parcialmente, distribuidas y comunicadas públicamente, con fines educativos y de investigación científica, que pagarán los centros educativos y cuyo importe “será negociado por las entidades de gestión, así como la forma de pago y demás condiciones”.
