Todas las tecnologías, desde la pólvora hasta la inteligencia artificial, tienen una vertiente positiva y otra negativa. Todo depende del uso que les demos.
Por ejemplo, la inteligencia artificial está ayudando a luchar contra el cáncer o a combatir la ciberdelincuencia. Y sus aplicaciones son casi innumerables: asistentes virtuales, conducción autónoma, reconocimiento de imágenes… Sin embargo, también se puede aplicar a usos bélicos, con el riesgo que podría conllevar el hecho de que las armas letales autónomas pudieran generar un conflicto.
Por este motivo, desde los albores de esta tecnología, la inteligencia artificial siempre ha despertado recelos. Gobiernos e instituciones son conscientes de ello, por lo que ya estamos viendo iniciativas que tratan de regular su desarrollo. Por ejemplo, la Comisión Europea definió hace unos años unos principios éticos. Además, el año pasado supimos que podría vetar el uso del reconocimiento facial en espacios públicos.
Estas iniciativas ponen de manifiesto que el uso ético de la inteligencia artificial es un asunto que preocupa a la sociedad. Consciente de ello, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el Instituto de Gobernanza Democrático y el Instituto Universitario Europeo, ha firmado un convenio de colaboración para la creación de una cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia. El fin último de esta iniciativa es garantizar los derechos democráticos de la ciudadanía en el empleo de sistemas basados en la inteligencia artificial.
Según explica el Ministerio, a través de esta cátedra se promoverá la realización de actividades de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación en torno a los retos sociales y éticos relacionados con el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, como parte del proceso de transformación digital que afronta nuestro país.
De hecho, este proyecto se enmarca en la agenda España Digital 2025, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Este convenio de colaboración plantea la organización y celebración de seminarios relacionados con esta materia, la elaboración de trabajos de investigación, la organización de actividades de formación de los profesores y colaboradores o el apoyo de publicaciones sobre esta tecnología, entre otras actuaciones.
El proyecto también contempla programas para acoger a universitarios en prácticas en la Administración General del Estado, que podrán analizar así casos de aplicación de inteligencia artificial en la Administración Pública. Estas actividades pretender promover la explotación de sinergias de investigación entre las universidades y centros de investigación mediante redes de cooperación interuniversitaria, así como con empresas y administraciones públicas.
El Ministerio afirma que los objetivos de esta cátedra “permiten impulsar el valor de la transformación digital de España: su carácter social y humanista, situando a la persona en el centro y abordando los dilemas éticos, sociales o culturales que trae consigo la transformación digital”.
Además de esta iniciativa, cabe recordar que Gobierno presentó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) el pasado mes de diciembre. Se trata de un ambicioso plan, acompañado de un presupuesto de 600 millones de euros hasta 2023.
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