El Gobierno aprueba el proyecto de la Ley de Propiedad Intelectual

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. La norma, cuyo anteproyecto vio la luz en marzo del año pasado, tiene como objetivo principal “luchar contra la piratería”, según  el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Además de la lucha contra la piratería, la nueva ley, que debe superar aún el trámite parlamentario, aborda aspectos como las entidades de gestión de derechos de autor o el concepto legal de copia privada.

En primer lugar, se incremetnan las sanciones contra los piratas y se establecen multas de entre 30.000 y 300.000 euros, en función del grado de infracción. Habrá mayor capacidad para actuar frente a las páginas que más vulneran la propiedad intelectual, incluyendo las que facilitan enlaces a páginas de terceros que alojan el contenido ilegal. Además, se permitirá investigar por vía civil la identificación del portador de servicios sospechosos de vulnerar los derechos de autor.

Uno de los aspectos más polémicos es la copia privada, que sufre una restricción al definirse su límite en las copias para uso privado y sin uso comercial de CD y DVD, así como la “correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada”. La compensación por copia privada se mantiene con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, según informa Expansión.

En cuanto a las entidades de gestión, la nueva ley refuerza la transparencia y vigilancia de estas. Para Wert, esto se traducirá  en la “limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e imponer tarifas”, para que no exista una “asimetría entre la entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios”. Además, se crea un mecanismo de ventanilla única, una entidad de carácter privado para el pago de los derechos de propiedad intelectual en la que tendrán que participar todas las entidades de gestión y que unificará el sistema de pago.

Por último, la futura Ley de Propiedad Intelectual también reconocerá el derecho de las empresas editoras a ser compensadas por la explotación de sus contenidos. Esto significa que los agregadores de noticias tendrán que pagar por el uso de fragmentos no significativos de contenidos. Una medida celebrada por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), cuyo presidente, Luis Enríquez, declaró que con la medida se reconoce el valor de sus contenidos frente a “los abusos cometidos y permite desarrollar nuestra función con garantías”.