Gallardón: “La Justicia no puede quedarse anclada en el siglo XIX”

Que Alberto Ruíz-Gallardón ya no sea alcalde de Madrid no ha sido impedimento para que el político haya vuelto a repetir en SIMO Network. El popular ha inaugurado una vez más la feria para profesionales de las TIC, esta vez como máximo representante de una de las áreas que centra el evento: la justicia electrónica.

Gallardón está convencido de que la cartera que preside debe caracterizarse por la agilidad y la eficacia desde un modelo organizado “que no puede quedarse anclado en el siglo XIX”. “La tecnología constituye un auténtico agente de cambio para dejar atrás los expedientes de papel”, asegura el ministro de Justicia.

En este sentido se está trabajando para que haya una sola plataforma informática que garantice la interoperabilidad y que permita la comunicación entre cualquier sistema procesal. Durante mucho tiempo “han coexistido nada menos que ocho sistemas que impedían la fluidez de la información”, cuenta Gallardón.

La plataforma servirá como una red de intercambio de información en materia de justicia que favorecerá a jueces, abogados y otros profesionales de la justicia. La base de esta Oficina Judicial Sin papeles será el expediente judicial electrónico.

“Las TIC deben constituirse como lenguaje exclusivo y “excluyente” en la tramitación de los expedientes. La crisis no debe ahogar los proyectos, sino estimularlos”, concluye el ministro.

El acto de inauguración también ha estado encabezado por Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, y Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)l.

Para el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, esta es una ocasión inmejorable para dar un gran impulso a uno de los aspectos que más se necesitan mejorar.

No obstante, señala las dificultades dada la confluencia de los dos poderes judicial y ejecutivo y la particular estructura de las Comunidades Autónomas, la que para ñel habría sido “la causa del fracaso del objetivo”. “La diversidad está representando un serio problema para algunas necesidades constitucionales”, argumenta Torres-Dulce.