Francia da hoy el último paso para aprobar la polémica ley Création et Internet o Hadopi. La Asamblea Nacional votará hoy en una comisión mixta paritaria la normativa, aunque prácticamente ya todos los puntos de la legislación están consensuados.
El más polémico de todos ha sido el artículo que resumía el espíritu de la ley, el 2: este punto recogía la obligación de dar tres avisos a aquella persona que infrinja la ley, para después cortar el servicio durante una temporada. Aunque el castigo se ha suavizado (la Asamblea ha votado que el internauta no pague el abono a la red durante el período de penitencia), la medida sigue causando desencuentros.
Las operadoras se quejan del aumento que esta obligación supondrá en sus costes y los consumidores consideran que se les privará de un derecho fundamental, ya que al ser dado de baja por una compañía entrarán inmediatamente en una lista que impedirá que se abonen a internet con la competencia.
Además de estos puntos de polémica, la sección de la normativa también indignó a los ciudadanos galos puesto que, en el momento de la votación, sólo permanecían en la cámara un número mínimo de diputados.
La ley Création et Internet tiene, aún así, más puntos polémicos, que han desatado la indignación de la ciudadanía y de la oposición, empezando por el propio punto de partida de una normativa que no considera el acceso a la red como uno de los derechos básicos de los ciudadanos y finalizando por sus elevados costes. La aplicación de la normativa le saldrá al estado por más de 6 millones de euros y a las operadoras 70 millones de euros (20, según las estimaciones del Gobierno).
El 30% de los franceses descargan contenidos de forma ilegal, según estimaciones del mes de marzo, lo que creará un enorme volumen de trabajo para la aplicación de la normativa. Por el momento, el Gobierno podría simplificar las cosas gracias al programa de seguridad con el que proveerá a los internautas y que alertará cada vez que se realice un comportamiento fuera de la legalidad vigente.
Otros casos
Francia es el caso más interesante por la polémica que ha acompañado al proyecto de ley y por su condición de normativa estatal, aunque el país vecino no es el único de Europa con normativas que penalizan a los piratas.
Suecia acaba de poner en práctica una norma aprobada en verano y que registrará toda la información personal de la navegación de los ciudadanos para que así las industrias culturales cuenten con pruebas a la hora de una denuncia por comportamientos ilegales. La primera consecuencia de la medida ha sido la caída del tráfico en un país hasta el momento líder en navegación.
Además de Suecia, Irlanda también restringe los comportamientos contra la propiedad intelectual. El pasado mes de enero cuatro de las principales majors del país y la operadora Eircom, la más importante por número de usuarios, llegaron a un acuerdo amistosos para parar un proceso judicial derivado del uso fraudulento de la red para la descarga de contenidos.
Eircom se ha comprometido a trabajar con las compañías audiovisuales para “acabar con el abuso de internet por parte de los infractores de copyright a través de P2P”, como explicaba la IRMA (la asociación que agrupa a las discográficas irlandesas) en un comunicado.
La operadora dará la IP de los infractores a la industria discográfica y pondrá en marcha un “proceso graduado” que conducirá a la aplicación del sistema tres avisos entre sus abonados. La industria ya ha alertado, además, de que intentará llegar a los mismos acuerdos con las demás distribuidoras de internet del país.
Fuera de Europa, algunas proveedoras de internet estadounidenses han firmado con la industria de la música para aplicar también el sistema tres avisos.
Francia será, por tanto, el primer país en institucionalizar un proceso al que las diferentes industrias implicadas se han ido sumando. ¿Será también el espejo de las futuras conexiones a la red?
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