En un intento por prevenir y combatir la piratería, la Administración Sarkozy podría ir incluso un paso más allá y autorizar a los agentes de Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, Alta autoridad para la difusión de obras y protección de derechos en internet, el organismo que da nombre a la norma y que controlará el uso de la red) a leer los correos electrónicos de los ciudadanos.
En principio, la ley no incluye de forma explícita esta mención, aunque la inclusión del término ‘comunicaciones electrónicas’ deja en el aire los límites de lo que pueden o no pueden investigar los agentes. Como denuncian varios diputados y recoge al prensa gala, la indefinición del término podría incluir dentro de lo vigilable los correos electrónicos personales de los ciudadanos y los adjuntos, ya que en ellos podría estarse produciendo una ilegalidad.
Esta mención no aparecía además en el texto primero ni en la versión censurada por el Constitucional. “Esta ampliación constituye una afrenta contra la vida privada”, declara la senadora comunista, Brigitte Gonthier-Maurin, a Le Nouvel Observateur.
Los palos contra esta medida no llegan sólo desde la oposición. El diputado de la derecha, Lionel Tardy (UMP, que apoya al Gobierno) ha incluso señalado que la intromisión de los agentes en los correos de los ciudadanos atenta contra la separación de poderes (quienes leen los mails son los mismos que deciden si se está incumpliendo la ley) y ha anunciado enmiendas a la norma para que ésta no se vuelva a caer en el Constitucional, según recoge Le Nouvel Observateur citando a su blog.
La inclusión del término ‘comunicaciones electrónicas‘ ha sido defendido por el ponente de la ley en el Senado, el senador de UMP, Michel Thiollière; por el ministro de Cultura, Frédéric Miterrand; y por el ponente de la ley en la Asamblea Nacional, el también UMP, Franck Riester, como recoge Le Monde. Tanto unos como otros recuerdan que la piratería no sólo se realiza mediante redes P2P, sino que encuentra otros caminos que deben ser investigados.
La norma ha sido aprobada en el Senado el pasado miércoles, aunque aún debe pasar el filtro de la Asamblea Nacional para ser definitiva.
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