La operación del FBI contra Kim Dotcom y el resto de responsables de Megapuload y el cierre de la web de alojamiento de contenidos ha sido vista con buenos ojos por el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy.
El responsable galo ha aplaudido la medida a través de un comunicado y ha felicitado a Estados Unidos. Además, ha aprovechado para pedir que se dé una “colaboración judicial y policial activa” a nivel internacional para acabar con la piratería.
“La lucha contra los sitios ilegales de descarga directa o de streaming que basan su modelo comercial sobre la piratería de las obras, supone una imperiosa necesidad para la preservación de la diversidad cultural y la renovación de la creación”, comenta el responsable en la nota.
En este sentido, Sarkozy ha ensalzado además la ley francesa antipiratería, conocida como ‘Hadopi’, como una alternativa para proteger a los creadores franceses.
En países como Francia o España lo que ha ocurrido con Megaupload es impensable. En la nación gala, para que una web sea cerrada debe intervenir un juez. En España, la ley Sinde, que comenzará a aplicarse el próximo mes de marzo, incluye la intervención de una Comisión de Propiedad Intelectual como complemento a los tribunales. La ley española contempla que se está incurriendo en un delito si la incutación de documentación privada se realiza sin la intervención de un juez.
Protección de la privacidad frente a protección de los derechos de autor
Por el momento, ni desde el Gobierno, ni el Ministerio de Cultura, dirigido ahora por José Ignacio, Wert han hecho declaraciones con respecto al cierre. Desde algunos círculos se está reclamando también que la administración se manifieste para proteger la intimidad y los contenidos de todos los usuarios españoles que habían proporcionado su información al servicio y que se han visto perjudicados por su clausura y su acceso por parte del FBI. Carlos Sánchez Almeida, del bufete Almedia, opina en su cuenta de Twitter que son “víctimas de un expolio”.
Por su parte, la organización de consumidores FACUA ha advertido que la propiedad intelectual “no puede llevarse al extremo de crear un Estado policial del copyright en el que los usuarios se encuentren sometidos a un Gran Hermano que pisotee derechos tan básicos como la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones. FACUA ha solicitado al Gobierno que actúe para proteger los intereses de los ciudadanos españoles afectados y ha subrayado que los usuarios tienen derecho a recuperar los archivos privados subidos a Megaupload.
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