Las firmas tecnológicas, preocupadas por la ley antiterrorista de China

La Asamblea Popular Nacional de China aprobó ayer la primera ley antiterrorista de la historia del país, que entrará en vigor en enero. La nueva norma está destinada a combatir las consecuencias del auge de este fenómeno en China, pero las empresas tecnológicas occidentales no parecen estar muy conformes.

La ley antiterrorista tiene por objeto identificar a las personas y actividades, incluyendo las discusiones en línea, que amenazan la seguridad pública y al gobierno. “Hoy en día, Internet se utiliza cada vez más por los grupos terroristas para difundir sus ideas extremistas, reclutar combatientes, canalizar fondos y planear ataques”, declaró una fuente oficial a la agencia de noticias Xinhua.

Pero hay criticos con esta ley que temen que esta, con su amplia definición de terrorismo, pueda dar cobertura al Gobierno chino para investigar las operaciones de las empresas de tecnología o para buscar maneras de eludir las protecciones de privacidad en aparatos de uso cotidiano como teléfonos inteligentes, routers inalámbricos y televisores conectados.

Entre otros aspectos, la nueva ley requiere que los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet ofrezcan “apoyo y asistencia técnica, incluyendo desprotección” a las autoridades policiales y de seguridad nacional, de acuerdo con Xinhua. Eso sí, esta disposición no contiene ninguna propuesta de entregar los códigos de cifrado a las autoridades chinas.

Las compañías tecnológicas ven con preocupación la nueva ley en cuanto que podría suponer una fuente de conflicto en un país clave para sus operaciones. Los gigantes estadounidense como Apple dependen en gran medida de las fábricas y empresas con sede en China que ensamblan sus productos, pero también las firmas nacionales que, como Huawei y Xiaomi, están expandiendose gracias a sus ventas en el extranjero, tienen motivos de temor.

Un funcionario del Gobierno chino trató de restar importancia a estas preocupaciones señalando que la ley “no afectará a los negocios normales de las empresas, ni instalará puertas traseras para infringir derechos de propiedad intelectual, o vulnerar la libertad de expresión en Internet y la libertad religiosa de los ciudadanos”.