Recientemente comentábamos muy ufanos la noticia de que solo los jueces podrían cerrar páginas web. ¡Qué poco dura la alegría en casa del pobre!
Según el artículo 11 de la nueva Ley, “la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución sólo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes”.
¿Parece que está claro que deben ser los jueces? Pues no, el que hizo la Ley hizo la trampa y según escribe el abogado experto en Internet Carlos Sánchez Almeida, esta ley “pretende dotar a las autoridades administrativas de mecanismos legales para censurar Internet”, y explica que, por encima de otras consideraciones, la Red es en sí misma una publicación “en la que cualquier secuestro afecta siempre a la libertad de expresión”.
Por tanto, habrá Censura como nos temíamos desde el principio con una Ley que comenzó envuelta en la polémica y finalizará igual si no ocurre un milagro. Dicen en la AI que el verdadero impulso de esta Ley será “para caer en picado en la carrera del progreso del poder judicial y de la sociedad tecnológica en España”.
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