Las compañías deberían establecer licencias sobre como tratar el uso y distribución así como sus contribuciones respecto a los proyectos de fuente abierta, según ha destacado Stormy Peters, ejecutivo de OpenLogic en una sesión durante la LinuxConference.
Según una encuesta realizada por OpenLogic, empresa que ofrece software que rastrear el uso de aplicaciones de fuente abierta, actualmente sólo el 41 por ciento de las compañías cuenta con cierto nivel de política respecto a las licencias de código abierto.
Estas políticas van desde acuerdos informales mediante aprobaciones verbales a la necesidad de una aprobación más formal por parte del abogado de la compañía que comprueba la legalidad de las licencias antes de instalar cualquier software.
La falta de estas políticas está directamente relacionada con la complejidad de todo lo relacionado con las licencias de fuente abierta. Además de las 59 licencias de fuente abierta oficiales aprobadas por la Open Source Initiative, hay otras muchas no oficiales. Y en lugar de estudiarlas, muchas compañías optar por entrar a ciegas en este segmento, permitiendo que los ingenieros descarguen e instalen el software sin pasar por el proceso de verificación. Como es lógico, normalmente esto no es una buena estrategia porque podría llevar a las empresas a violar alguna patente. Por ejemplo, una compañía puede descargar y utilizar Linux internamente sin tener que publicar el código fuente. Pero sí que tiene que publicarlo si empieza a distribuir el software, tanto a clientes como socios. Las políticas sobre licencias impedirían sorpresas desagradables.
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