El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros la ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios que centra el foco en las transacciones a distancia.
Para la asociación de consumidores Facua se trata de la reforma de la ley del 84, que se queda “muy muy corta” frente a las verdaderas necesidades de los consumidores en la “época de más fraudes de la democracia en España”.
Entre otras medidas, el proyecto incorpora un formulario de desistimiento común en Europa, que amplía el plazo de renuncia o desistimiento de un contrato desde los 7 días hábiles a los 14 naturales. A ojos de Facua, la norma sólo “vende humo” al satisfacer tan sólo “el expediente de la directiva de Bruselas”.
Sánchez considera que las obligaciones previstas para empresas no serán respetadas, como ha ocurrido hasta ahora. Por ejemplo, el proyecto determina que el usuario deberá tener acceso al precio final de un producto antes de concluir la compra por internet.
Tal obligatoriedad ya se incluía en el Decreto Legislativo 1/2007, recuerda Sánchez, sin que las empresas la hayan acatado desde entonces. Reclama un marco sancionador que sustituya al vigente, que tilda de “obsoleto”.
“Las multas son muy ridículas y no se decomisa la cantidad total de las prácticas ilegales llevadas a cabo”, alerta. El portavoz de la asociación alude a una falta de voluntad política para llevar a cabo estas acciones.
Otras de las medidas que incluye la renovada ley trata sobre la obligatoriedad de las empresas para habilitar una línea telefónica para ofrecer información sin que su coste supere la tarifa básica.
El portavoz de Facua se muestra muy escéptico ante las recientes declaraciones del Instituto Nacional del Consumo, organismo de la Administración General del Estado, que considera que la aprobación de la ley reducirá a la mitad el número de reclamaciones sobre servicios o productos contratados.
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