FACUA denuncia a PortAventura porque amenaza con no dejar entrar a quienes les critiquen en redes sociales
La empresa responsable del parque de atracciones ha actualizado sus normas con una cláusula que le autoriza a quitar los pases de temporada en determinados supuestos.
La organización FACUA-Consumidores en Acción ha presentado dos denuncias ante las autoridades de consumo contra PortAventura. El grupo reclama que la empresa encargada del parque de atracciones “amenaza” a los usuarios con retirarles o no renovarles la entrada si lo critican a través de redes sociales o en otro medio de comunicación.
En dos escritos remitidos este viernes a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad y a la Agencia Catalana del Consumo, FACUA ha denunciado que PortAventura ha actualizado las normas de funcionamiento de PortAventura Park y Costa Caribe Aquatic Park, incorporando una cláusula según la que pueden quitar los pases de temporada o impedir que se renueven a los usuarios que publiquen información que pueda “lesionar o causar un perjuicio” a su imagen, como dice la organización de consumidores en un comunicado.
El punto concreto de las condiciones motivo de alarma para la organización es el XIII, donde se estipulan las condiciones del pase PortAventura Club. Ahí se puede leer que “serán causas de retirada definitiva de los pases o bien de imposibilidad de su renovación a su vencimiento, causar daño a la imagen de PortAventura, por cualquier medio, mediante la publicación de información manifiestamente falsa, ofensiva, contraria a la ley, a la moral, al orden público, difamatoria o que, en la opinión razonable de PortAventura, de cualquier modo pudiera lesionar o causar un perjuicio a la imagen de PortAventura, de sus trabajadores, o a terceros”.
Según FACUA, se trata de un intento de censura “tan ilegal como disparatado”, y que al limitar el derecho de admisión, la empresa “vulnera tanto la legislación estatal como autonómica de protección de los consumidores, al intentar impedir el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión e información”.
