Todos los países de Europa utilizan factura electrónica en las transacciones comerciales, aunque en un 85 % de los casos es fruto de una imposición y obligatoriedad legal. Apenas hay un 15 % de países de Europa donde el uso de la factura electrónica es completamente voluntario.
Según concluye un estudio de SERES, la implantación de la factura electrónica se ha impuesto de forma masiva gracias a su capacidad para “dotar a los procesos comerciales de robustez y trazabilidad“. El el potencial de la factura electrónica en cuanto a seguridad y ahorro medioambiental, de gestión y tiempo han impulsado Suso tanto en la Unión Europea como en las instituciones de todo el continente.
En el ámbito de la Unión Europea, específicamente en la Comisión, la larga tradición de implantación de la factura electrónica se ha convertido en un elemento facilitador de la relaciones internas en el mercado, fomentando la competitividad en las empresas de la zona comunitaria.
En cuanto a su uso entre organismos públicos y empresas, la factura electrónica se convirtió en obligatoria a partir de una directiva del año 2014, lo que con el tiempo hizo nacer el interés por parte de la administración en convertirla también de uso habitual en el ámbito de la empresa privada. En este ámbito Italia fue el país pionero mientras que otros como Alemania y Bélgica están aún en sus primeros pasos.
En España la factura electrónica es obligatoria desde el año 2018 para los las empresas subcontratistas del Estado fue el pasado mes de septiembre cuando el gobierno aprobó la Ley Crea y Crece, que obliga a empresas y autónomos a utilizar la factura electrónica para sus relaciones comerciales.
La normativa entrar en vigor de manera progresiva a lo largo de los próximos tres años con el propósito de conseguir un uso masivo de la factura electrónica, inicialmente para empresas con facturación anual superior a 8 millones de euros, las cuales dispondrá del plazo de un año para implementar la facturación electrónica. El resto de empresas tendrá también que implantarla de manera obligatoria pero dispondrán de un plazo de dos años más para hacerlo.
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