Facebook asegura que no tendrá que pagar los impuestos que le exige EEUU
Las grandes multinacionales tecnológicas no solo evitan pagar impuestos en Europa, también en EEUU, y Facebook parece no estar preocupada ante la posibilidad de tener que pagar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares.
La estrategia de usar Irlanda como medio para pagar la menor cantidad de impuestos posibles, lamentablemente es algo muy común en empresas de cierta magnitud. Pero esta maniobra no solo les permite evitar el pago de impuestos en Europa, también en EEUU, aprovechando una fiscalidad laxa y amoldada a los intereses de las grandes empresas por parte de Irlanda.
La ‘estafa legal’ de las multinacionales a través de paraísos fiscales supone, según Citizens for Tax Justice, dejar de recaudar aproximadamente unos 90.000 millones de dólares anuales en EEUU, y entre las empresas que llevan a cabo estas prácticas podemos encontrar a muchas grandes de la tecnología, como Apple, Google, Microsoft, Facebook, HP, Cisco, etc…
En el caso concreto de Facebook, que estableció Dublín como su sede para todos los negocios fuera de EEUU, la red social trasladó importantes activos a Irlanda, que según la propia compañía estaban valorados en 5.800 millones de dólares, mientras que la IRS de EEUU asegura que los infravaloraron para reducir el pago de impuestos, y que realmente llegaban a los 14.000 millones de dólares.
La IRS le exige ahora a Facebook el pago de 1,7 millones de dólares más intereses por impuestos del año 2010, lo cual es una minucia para una empresa de esta magnitud, pero según Facebook la IRS podría exigir también el pago de impuestos de años posteriores y la cifra podría elevarse finalmente a entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, más intereses y multas.
Facebook, actualmente la red social más grande del mundo, asegura que no tendría que pagar esos impuestos atrasados, ya que todas sus operaciones han sido legales y conforme a la legislación vigente en su momento, pero la presión social a la que se están viendo sometidos los políticos está obligando a que las administraciones tengan que solucionar la situación, mientras las empresas buscan ya otras estrategias para continuar con este tipo de prácticas.
