Las empresas tecnológicas (o TIC por su acrónimo) están inmersas en una evolución constante. Son el punto de referencia de la industria actual, pero su crecimiento ha de ir necesariamente acompañado de un escrupuloso cumplimiento normativo.
La maximización de los recursos materiales y humanos de las empresas hace que su actividad no se desarrolle de forma autónoma, sino que dependan de proveedores tecnológicos, empresas subcontratadas o, en su caso, se conviertan en empresas subcontratistas para ciertos servicios.
Estas situaciones afectan claramente a su responsabilidad. Por ejemplo, la utilización del “cloud computing” o nube tecnológica está suponiendo una revolución en términos económicos, pero ha de ser considerada como un nuevo escenario de responsabilidad. La realidad nos está demostrando que muchas decisiones que se toman en esta nube se hacen por coste, sin contemplar las cautelas necesarias para garantizar la seguridad en la misma.
Tradicionalmente, las empresas tecnológicas se han enfrentado al riesgo de los errores cometidos en el desarrollo de su actividad, tanto en la ejecución de los proyectos encomendados, como en el suministro o instalación de sus productos realizados. Sin embargo, el desarrollo actual de su actividad, como ya se ha adelantado, conlleva nuevas situaciones de riesgo de las que muchas veces no se tiene experiencia sobre sus consecuencias (aún estando encuadradas en un marco regulado).
Así, la simple prestación de un servicio bajo contrato podría llevar al típico incumplimiento en base a la falta de consideración de una garantía asumida, pero también al uso inadecuado de los medios ofrecidos por el cliente que lleve a la empresa TIC a vulnerar un derecho de propiedad intelectual.
Otras muchas circunstancias ponen en peligro el patrimonio empresarial sin que ni siquiera se haya valorado su trascendencia. Así pues, la simple circunstancia de la creación de una empresa exitosa bajo la dependencia total de su fundador puede llevar a que la pérdida del mismo suponga una situación de grave credibilidad del mercado, más aún si se trata de una compañía cotizada.
Pero la mayor problemática la encontramos en ocasiones como consecuencia de la excesiva intervención del regulador, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de los usuarios. Tal es el caso del estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos personales que se ha de tener en el desarrollo de la actividad tecnológica. Y son conocidas por todos las devastadoras consecuencias tanto económicas como reputacionales que puede tener una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos.
Todos estos nuevos escenarios, a veces de incertidumbre para los afectados de esta actividad, están redundando inevitablemente en una mayor actividad frente a los tribunales, ya que son estos los que determinan si el desarrollo de esta actividad se ajusta o no a la legalidad.
Afortunadamente, las empresas TIC no se encuentran solas ante el reto diario de su actividad y, aparte de contar con firmas de abogados u otros asesores muy cualificados para ayudarles a prevenir y actuar adecuadamente ante estos nuevos escenarios, el sector asegurador evoluciona diseñando nuevos productos para que, ante el riesgo de ser objeto de una reclamación que afecte tanto a sus cuentas como a su buen nombre (Internet es un medio fantástico para comunicarnos, pero una información inadecuadamente publicada puede conllevar consecuencias terribles) tengan una protección adecuada. En estos productos, además, es claramente valorable la experiencia que nos llega de fuera de nuestras fronteras, que nos permite la transposición a nuestro mercado de coberturas nuevas y, por tanto, ofrecer seguros con una protección completa para las empresas TIC ante estos nuevos riesgos.
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