La medida sería similar a la que puso en marcha Reding cuando estuvo al frente de la comisión de Telecomunciaciones, que obligaba a las empresas de telefonía e internet a comunicar cuando eran víctimas del robo de información, y la idea ahora es que se extienda a todos los sectores, entre los que destaca el de los bancos y servicios financieros.
La dirigente también aboga por una actualización de la legislación de protección de datos de la Unión Europea, ya que esta se aprobó en 1995 y se encuentra algo anticuada en algunos aspectos.
En lo que respecta al campo financiero, Reding cree que es imprescindible unificar los criterios legales para todos los países, evitando que cada uno cuente con sus propias normas y regulaciones.
Para la política luxemburguesa, con estas medidas se podrá simplificar mucho la vida a las empresas pero en compensación estas deberán trabajar para garantizar que los productos y servicios digitales que comercializan sean seguros y transparentes.
En esa línea, Reding opina que es lógico obligar a los bancos a informar a sus clientes cuando tienen alguna incidencia seria que afecta a la seguridad de sus datos.
Lo cierto es que las entidades financieras y bancos no han estado muy por la labor de avisar cuando sufrían cualquier incidencia de seguridad, ante el temor de que eso pudiera conllevar una pérdida de clientes, pero ahora la cosa cambiará y deberán estar más atentos para prevenir esos escenarios.
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