Ante esa presunción, desde el organismo comunitario han informado a las empresas implicadas de que podrían haber incurrido en prácticas que atentan contra las leyes de la Competencia Vigentes en la Unión Europea.
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La Comisión Europea tiene indicios de que los productores de esos chips podrían haberse puesto de acuerdo para subir los precios, una conducta que atentaría contra el Artículo 101 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo del Área Económica Europea que prohíbe ese tipo de prácticas.
En una primera instancia, desde la Comisión Europea intentaron buscar un acuerdo con las empresas implicadas en el caso, pero las conversaciones no avanzaban y finalmente se tuvo que desestimar esa opción.
Ahora, el proceso seguirá su curso y la Comisión deberá analizar la información de que dispone para determinar si finalmente imponen una sanción a las compañías envueltas en el proceso.
Además, en caso de que se optara por esa última opción, las autoridades europeas podrían imponer una multa equivalente al 10% de la facturación recaudada a nivel mundial por esas empresas.
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