Europa arremete contra el impuesto a las telcos

A la Comisión Europea no le convence el impuesto a las compañías de telecomunicaciones que países como España y Francia han impuesto a sus operadoras. La Comisión ha llevado a España y Francia ante el Tribunal Europeo de Justicia, acusándolas de seguir imponiendo impuestos específicos sobre el volumen de negocio de los operadores de telecomunicaciones, algo que va en contra de la legislación comunitaria. La Comisión Europea se refiere concretamente a los impuestos que se pusieron en práctica a partir de tomarse la decisión de poner fin a la publicidad pagada en los canales de la televisión pública.

El organismo de la Unión Europea también se ha referido a Hungría  por un caso similar, aunque en este país los impuestos especiales se aplicaron al comercio minorista, las comunicaciones electrónicas y la energía, con el fin de incrementar los ingresos fiscales del país.

Según la Comisión Europea, estas tasas son “incompatibles con la normativa europea sobre telecomunicaciones”, que exigen que los impuesto específicos a los operadores estén directamente relaciones para cubrir los costes de regulación del sector de las telecomunicaciones. El gobierno húngaro tiene dos meses para responder a la de manda de la Comisión Europea, mientras que a España y Francia no se le han dado plazos.

Francia aplicó este impuesto en marzo de 2010 y que exige de las operadoras el pago del 0,9% de sus ingresos por encima de los cinco millones de euros. España impuso un impuesto similar en septiembre de 2009.

Además, la Comisión ha pedido a Hungría y España que “cumplan con la directiva GSM de la Unión Europea” y  se aseguren de que la frecuencia de los 900Mhz se puede utilizar para servicios móviles más rápidos, como el internet de banda ancha móvil.

El organismo de la Unión Europea asegura que los estados miembros se han comprometido a aplicar la modificación de la directiva de 9 de mayo de 2010 como parte de la Agenda Digital para Europa, que contempla extender los servicios básicos de banda ancha a todos los usuarios para 2013. Pero ni Hungría ni España “han adoptado o notificado a la Comisión las medidas nacionales”. Los reguladores afirman que si Hungría y/o España no informan a la Comisión de las medidas adoptadas en los próximos dos meses la Comisión “podría decidir llevarlos al Tribunal de Justicia para que le impongan las sanciones adecuadas”.