Los beneficiaros de sus cursos serán 12.000 personas mayores de 60 años y otros 13.600 ciudadanos sin competencias básicas.

Los beneficiaros de sus cursos serán 12.000 personas mayores de 60 años y otros 13.600 ciudadanos sin competencias básicas.
El coste, las complejidades formativas y la dificultad para conectar aplicaciones son los grandes inconvenientes que están impidiendo aprovechar los beneficios de la tecnología.
La adopción de esta tecnología entre las empresas españolas es 12 puntos porcentuales mayor que en las organizaciones del Reino Unido.
Además, son más lo que ven a los seres humanos más propensos que la tecnología a discriminar a otras personas.
En España también registra crecimientos de doble dígito. DE-CIX Madrid, por ejemplo, consumió el año pasado un 44 % más de datos que en 2022.
El 38 % gastará entre 100 y 500 euros. Un 6 % invertirá de 500 a 1000 euros. Y hasta una décima parte no se pone un límite.
Según un estudio de Zoho, solamente una cuarta parte de las compañías disfruta de una buena salud digital en nuestro país.
España es el país europeo donde hay más empresas con una unidades de negocio dedicadas a gestionar proyectos de colaboración con 'startups'.
Un informe de Deloitte revela que los responsables de seguridad de la información (CISO) tienen cada vez más presencia en los comités de dirección.
La mayoría de los usuarios consultados por OpenText afirma tener nuevas inquietudes sobre la forma en la que las empresas gestionan su información personal desde que estalló la pandemia.
GEO ayuda a las empresas a encontrar perfiles especializados en diferentes parte del mundo, lo que permite compensar la falta de talento local.
El evento está programado para el 3 de noviembre y contará con la presencia de Susan Ysona, vicepresidenta de la compañía para las regiones EMEA, APAC y LATAM.
Google Cloud y SAP permiten a las empresas e instituciones públicas españolas trabajar con sus datos con infraestructura local.
Según datos de Business Software Alliance, España ha vuelto a niveles de 2003 y el valor comercial del software ilegal en nuestro país es ya de 874 millones de euros.