La nueva ley explica que todas las personas del país del noreste de África que se salten las nuevas reglas acabarán en la cárcel con penas que podrían llegar hasta los 15 años en prisión.
Las autoridades etíopes se han escudado en razones de protección de la seguridad nacional para imponer estas medidas, y al existir solo un proveedor de servicios de internet en el país, la medida podrá aplicarse con facilidad.
Bajo el prisma del gobierno etíope, los intercambios de información con contenidos políticos serían considerados como actividades ilegales.
Además, con el fin de detectar las llamadas inapropiadas se ha instalado un sistema de filtrado de datos de internet, que permite vigilar correos electrónicos, llamadas a través de servicios VoIP y las comunicaciones a través de las redes sociales.
Lo cierto es que por mucho que los gobernantes del país africano se escuden en razones de seguridad, parece evidente que estas medidas censoras simplemente buscan tener bajo control las actividades de los ciudadanos en herramientas como Skype.
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