El referéndum de la Constitución Europea que se celebrará el próximo 20 de febrero se está convirtiendo en punta de lanza de la plataforma digital por excelencia, es decir, Internet. La prueba de voto digital que actualmente se está realizando en 52 municipios españoles está definiendo, o cuando menos lo pretende, el futuro legislativo en el que tendrán que basarse los comicios electorales con plena validez online. Incluso se está comentando la posible introducción de la tecnología electrónica en el conglomerado general que conforman las leyes del país. Un punto y aparte, vamos.
El objeto de tanto interés gubernamental y mediático mantiene como prioridad, entre otras muchas cuestiones, actualizar el sistema electoral y aplicar el avance que supone a otros procesos relacionados. Es más, el Ejecutivo ha querido llamar la atención de manera fehaciente sobre la repercusión inmediata que este nuevo sistema democrático podría desempeñar en la Sociedad de la Información que tanto nos cuesta alcanzar y, de paso, en el entramado político-social en el que queramos o no siempre nos encontramos.
En definitiva, la dinámica empleada por los distintos agentes viene a demostrar el interés por lograr en el sistema que nos ocupa una mayor calidad, seguridad y fiabilidad. Y, a fin de cuentas, en los ciudadanos que lo viven o lo sufren dependiendo del prisma con el que lo miren. Ya veremos.
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