Estados Unidos presionó al Gobierno para aprobar la Ley Sinde

Si el anterior equipo de Gobierno fue amenazado por Estados Unidos para que promoviese un cambio de legislación con el que penar la piratería si no quería pasar a engrosar su lista negra de países, el entrante tampoco ha sido ajeno a presiones. De hecho, el país norteamericano habría jugado un papel fundamental en la decisión de aprobar definitivamente la denominada como Ley Sinde con carácter de urgencia.

De acuerdo con un centenar de nuevos cables filtrados por Wikileaks, Estados Unidos colaboró en la redacción del proyecto y después influyó en las decisiones tanto de Presidente y Ministros como en la postura de la entonces oposición.

Al enterarse de que la ley no iba a ser aprobada antes de que José Luis Rodríguez Zapatero dejase el cargo, el embajador Alan D. Solomont le envió una carta exprensando su “profunda preocupación”. “Desafortunadamente, el Gobierno ha fallado en completar su trabajo por razones política, en detrimento de la reputación y la economía de España”, rezaba el texto de Solomont, que gastó sus últimos cartuchos “alentando al Gobierno para aplicar la Ley Sinde inmediatamente” y así “salvaguardar la reputación de España como un país innovador que cumple con lo que dice que va a hacer, y como un país que genera confianza”.

En una misiva similar remitida a la ex-Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se dejaba caer que España está ya incluida en el informe anual “Special 301” redactado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y que detalla “barreras al comercio” basadas en cuestiones de propiedad intelectual. Por lo que, si España no aprobaba la ley, sería degradada incluso más y considerada dentro de su Priority Watch List. Esto significa ser susceptible a “medidas de represalia” por romper con sus acuerdos comerciales.

La negativa de los socialistas, condicionada por la presión de la sociedad, no amilanó a Estados Unidos. Pasadas las elecciones, el responsabe de la Cámara de Comercio Americana en España, Jaime Maley, se puso en contacto con el nuevo presidente, Mariano Rajoy, a través de una “carta de advertencia”. En ella, se mencionaba la retirada de la inversión extranjera si no se tomaban medidas en favor de la propiedad intelectual una vez realizado el traspaso de poderes.

“La no aprobación de la ley antes de las elecciones ha supuesto un golpe a la seriedad del país en este asunto de tanta importancia”, decía Malet según recoge TorrentFreak, al tiempo que instaba a Rajoy a “recuperar el consenso alcanzado”. La respuesta del nuevo Gobierno no se hizo esperar y 10 días después de jurar el cargo, el 30 de diciembre, anunciaba la implementación total de la ley antidescargas.