El Gobierno de Estados Unidos se ha salido con la suya en relación a poder solicitar datos a Twitter sobre algunos de sus usuarios para poder profundizar en las conexiones con la organización Wikileaks. Al menos, de momento.
Una juez federal ha dictaminado que los argumentos de las tres personas implicadas -la islandesa Birgitta Jonsdottir, el hacker holandés Rop Gonggrip y el programador informático estadounidense Jacob Appelbaum-, quienes alegaban que la petición suponía una violación de sus derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación– no les escudan de su obligación de cumplir con las investigaciones del Gobierno. Éstos se amparaban tanto en la Electronic Frontier Foundation como en la American Civil Liberties Union (ACLU).
La magistrado habría recurrido a una ley que permite a los investigadores la obtención de datos electrónicos sin necesidad de una orden de allanamiento y considera que la obtención de la información por parte de las autoridades no supondrá una violación de la primera ni la cuarta enmienda.
La administración americana podrá, de esta manera, tener acceso a algunos datos confidenciales de los usuarios alojados por Twitter como su nick, dirección de e-mail e IP, según informa The Inquirer, aunque por el momento no se especificado si también podrá consultar los mensajes privados enviados por los simpatizantes de Wikileaks.
Los abogados defensores de los tres acusados, pertenecientes a ACLU, han afirmado que apelarán la decisión. Además, aseguran que el fallo del tribunal proporciona al Gobierno “la capacidad para reunir en secreto información privada relacionada con las comunicaciones electrónicas de las personas”.
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