¿Por qué el Estado se plantea volver a Telefónica?

La entrada de STC en el accionariado de Telefónica ha generado mucha controversia. La empresa saudí, controlada por el fondo soberano saudí PIF, se hizo con el 4,9% del capital de la empresa de telecomunicaciones españolas y tiene otro 5% en derivados convertibles en acciones.

Si ejerciera la conversión de dichos instrumentos, pasaría a controlar casi un 10% del accionariado de Telefónica. Sin embargo, tras el revuelo causado, STC comunicó extraoficialmente al Gobierno que renunciaría a convertir en acciones con derecho a dicho 5%, según informaba El Economista.

Hay que tener en cuenta que la ley sobre inversiones exteriores exige autorización previa por parte del Estado para aquellas inversiones extranjeras que supongan la adquisición de una participación superior al 5% del capital social de una empresa si ésta realiza actividades relacionadas con la defensa nacional. Éste sería el caso de Telefónica, al desarrollar su actividad en el ámbito de las telecomunicaciones y estar íntimamente ligada a la ciberseguridad.

“La adquisición de las acciones todavía está pendiente del visto bueno final del Ejecutivo. En concreto, del Ministerio de Defensa, puesto que la operadora es una de las principales proveedoras de servicios digitales y de telecomunicaciones del Ejército. Y en estos casos se exige que el comprador pida permiso oficial para comprar entre un 5% y un 10% de una empresa”, especifica Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín.

Reacción del Gobierno

La reacción del Ejecutivo español no se ha hecho esperar. Hace apenas unos días informábamos de que el Estado está valorando la posibilidad de adquirir una participación de la ‘teleco’ a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

“La SEPI viene monitorizando la situación de Telefónica y está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía. Dicho análisis por parte de SEPI no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición”, informaba dicha entidad en un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En caso de hacerlo, supondría el retorno del Estado al accionariado de la empresa, 26 años después de la venta de todos sus activos y la privatización de la compañía en el proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones.

“Cabe pensar que es una medida de precaución ante la entrada por sorpresa de un inversor del que el Gobierno no tenía ninguna información previa sobre su interés e intenciones respecto de una empresa considerada estratégica”, valora Balado.

“Si no lo es, se parece mucho a una reacción en contra. Tras la llegada de STC, el Gobierno manifestó que aplicaría ‘todos los mecanismos necesarios’ para defender ‘los intereses estratégicos de España’. Y ha calificado a Telefónica como una empresa estratégica”, apunta.

“Sin duda, esta situación se está produciendo por el susto que supuso en su momento la aparición de este fondo en el accionariado de Telefónica”, coincide Ángel Barbero, profesor en la EAE Business School y director general de Secture.

“Ante la situación generada por STC, el Estado ha comprobado que la situación de Telefónica y su posición estratégica en el desarrollo de las redes en España puede verse afectada por la entrada de este tipo de inversores con intereses puramente económicos. No hay que olvidar que Telefónica tiene la responsabilidad de garantizar, junto con otras operadoras, el despliegue de las redes 5G y de fibra en España y, entre otros, el despliegue en zonas rurales que son menos interesantes comercialmente para las operadoras, pero imprescindibles para que todos los ciudadanos puedan acceder a estas redes de forma igualitaria”, agrega.

¿Cómo se ejecutaría la compra?

Barbero recuerda que “existen leyes europeas que facilitan que los estados puedan tener una posición de veto y de garantía de que las posiciones de las consideradas ‘teleco’ estratégicas puedan preservarse ante la entrada de inversores externos a la comunidad europea”.

En cualquier caso, si el Estado finalmente decide hacerse con una participación accionarial de Telefónica, la operación habría de hacerse siguiendo los cauces oportunos. “La toma de posiciones del estado tiene que producirse a través de los mecanismos que ya existen, como la SEPI, y con la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión de la Competencia de la UE”, aclara.

Además, el profesor de OBS Business School recuerda que “como empresa privada que es Telefónica, esa entrada del Estado debería producirse con el consenso del resto de accionistas”. Asimismo, puntualiza que “la participación que adquiriese tendría que ajustarse a los precios del mercado y someterse a las reglas del mismo para no perjudicar a los competidores”.

¿Cómo afectaría a Telefónica y a sus accionistas?

Las consecuencias de una posible entrada del Estado en Telefónica no son fáciles de predecir. Por un lado, hay factores que hacen pensar que beneficiaría a la empresa y a sus accionistas.

“Los mercados recibieron la noticia de la posible entrada del Estado con una subida de sus acciones superior al 1,5%, para cerrar la sesión con un alza de casi el 1%, hasta 3,65 euros. Cuando un día antes empezaron a circular informaciones sobre una eventual entrada, el valor subió más del 3%. Los inversores valoran más la estabilidad financiera, la calidad de la gestión y la evolución del negocio que el carácter público o privado de los accionistas”, expone Balado.

Además, indica que “desde el punto de vista estratégico y geopolítico, en un contexto de agudas tensiones en Ucrania y en Israel, conflictos que afectan a la economía mundial, la fortaleza y seguridad de las empresas y de los inversores es esencial”. Así pues, considera que “cuanto más protegidas estén las empresas, más atractivas serán para los inversores”. “Otra cosa muy distinta es hasta qué punto es coherente esa decisión con la libertad empresarial”, matiza.

Por otro lado, hay elementos que suscitan algunas dudas. “Este tipo de movimiento es teóricamente independiente del interés de los accionistas, por lo que podría jugar en contra del valor de la acción y del interés de los inversores”, anota el profesor de la EAE Business School.

No obstante, hace hincapié en que “el valor de una empresa como Telefónica también recoge el interés estratégico que está empresa tiene a nivel europeo, por lo que también puede ser un seguro para que las decisiones que se tomen en la empresa garanticen esta posición a medio y largo plazo”.

Además, recuerda que “Telefónica tiene numerosos contratos con el Estado español, en áreas tan críticas como el Ministerio de Defensa o numerosos servicios a ciudadanos, que de caer bajo control de intereses económicos podrían verse afectados de diferentes maneras”.

Otros casos en Europa

La salida del Estado del accionariado de Telefónica se produjo como del proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones impulsado desde las instituciones comunitarias europeas.

“A finales de los años ochenta, la Comisión Europea impulsó la liberalización de las telecomunicaciones en el sector como contestación a las reformas introducidas en Estados Unidos y Japón. El objetivo era tener cuantos más operadores mejor para conseguir mejores precios para los usuarios. Este proceso culminó en 1998 con precios más bajos, más usuarios y el despliegue de internet a lo largo del continente. Europa tiene 28 mercados con al menos cuatro operadores cada uno, como norma general. Esto se traduce en un mínimo de 112 operadores para unos 750 millones de habitantes, mientras en Estados Unidos existen cinco para la mitad de población”, detalla el profesor de OBS Business School.

Sin embargo, aunque el Estado volviese a adquirir una participación de Telefónica, no sería en absoluto un caso aislado en el continente. “A pesar de aquella liberalización, muchos países mantienen a sus estados entre su accionariado, con porcentajes que van desde un máximo del 53,97%, como es el caso de Noruega en Telenor, hasta el mínimo del 9,81%, en el de Italia en Telekom. Entre medias, se encuentran las participaciones de países como Bélgica, Países Bajos, Suecia, Alemania, Austria y Francia”, especifica Balado.

Así pues, Barbero remarca que “en Europa hay otras operadoras ‘sistémicas’ con el mismo rol que tiene Telefónica en España” y que están participadas por sus estados. “Las más importantes son Deutsche Telekom, en Alemania; y Orange, en Francia. Vodafone, en el Reino Unido, tiene una situación más compleja tras el Brexit. Todas ellas están vinculadas al Estado de manera similar a nuestro caso”, afirma.

Ante tal situación, cabe preguntarse cómo casa esta participación estatal con la libertad de mercado que se propugnan desde las instituciones comunitarias y, sobre todo, si podría afectar al resto de operadores del sector. “El Estado no debería estar en el capital de empresas privadas, como principio económico básico, de la misma forma que las empresas deben asumir con todas sus consecuencias los efectos y defectos de una mala gestión sin involucrar a los Estados. Ahora bien, en la medida en que Europa ha alcanzado unos altos niveles como potencia reguladora, es casi imposible sustraerse a la intensa presencia de los gobiernos en la vida económica. En ese sentido, la posible entrada del Estado en Telefónica, por medio de la SEPI, está en línea con la participación de otros Estados en empresas estratégicas similares dentro de la UE”, expone Barbero.

Aunque recuerda que debe hacerse siguiendo las reglas del juego. “Para velar por el libre mercado, que es una característica fundacional de la UE, esa entrada no debería impedir o excluir la de cualquier otro accionista que quisiera adquirir títulos de Telefónica porque, tanto en un caso como en otro, los beneficiarios finales serían todos los accionistas, ya que se captan nuevos fondos e inversores para la empresa de telecomunicaciones”.

Por otro lado, Balado reseña que “el libre mercado tiene los límites impuestos por el estado de derecho y por las garantías que deben recibir los ciudadanos”. “Entre otras cosas, en su proceso de acceso a las redes de comunicaciones, consideradas un activo estratégico de cada país. Otros operadores no tienen estas obligaciones, por lo que, lejos de ser perjudicados, tienen más libertad para definir su estrategia. De hecho, ha sido una queja habitual de Telefónica el que esté obligada a dar determinados servicios que no son rentables. A su vez, para poder dar estos servicios, Telefónica tiene acceso a ayudas públicas y contratos prioritarios que otros operadores no están obligados a gestionar y hasta ahora no han estado interesados en usar”, apunta.