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España, país de piratas para la administración estadounidense

España ha sido incluida un año más en la lista de países a vigilar por su escaso respeto de los derechos de la propiedad intelectual que elabora la Office of the United States Trade Representative (USTR), el organismo encargado de los asuntos comerciales en el país.
El país comparte este honor con otros estados como Bielorrusia, Bolivia, Brunei o Filipinas, pero también Rumanía, Grecia o Finlandia, países que Estados Unidos también juzga que no protegen la propiedad intelectual y que ha destacado en el 2009 Special 301 Report.
“España será mantenida en la Lista de Vigilancia en 2009”, se inicia el apartado del informe dedicado al país. Según la USTR el Gobierno ha hecho “un mínimo esfuerzo” para conseguir que se supere uno de los problemas que hacen que la situación en el país no sea la más óptima. El informe concluye que en España existe la percepción de que los intercambios P2P son legales.
Además, añade la Administración estadounidense, todas las medidas contra la piratería se han visto lastradas por las decisiones de la Justicia, que ha acabado dando la razón a los piratas. “Estados Unidos urge a España a hacer evidente que compartir archivos peer-to-peer de forma no autorizada es ilegal”, apuntan al tiempo que “urgen al Gobierno español” a tomar acciones “significativas” para poner un freno a este problema.
Lista de mercados
Además de listar a los países que más infringen estas leyes, Estados Unidos también ha incluido en su informe aquellos mercados en los que es más fácil encontrar productos piratas.
En la red, la china Baidu y otras páginas B2B y B2C chinas (como Alibaba) destacan como los mayores comercios virtuales de productos pirata, al igual que la rusa Allofmp3.
En el mundo físico, varias calles de China, India y Sudamérica son nombradas como los puntos en los que es más fácil encontrar productos pirata. En Europa, los mercados polacos, moscovitas y  las fronteras de la República Checa son los puntos en los que es más fácil acceder a copias ilegales.

Raquel C. Pico

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