España, segundo país europeo mejor preparado en canal de denuncias
De acuerdo con una encuesta de Personio, un 65 % de las compañías ya cuenta con sistema confidencial para denunciar irregularidades internas.
La Directiva Whistleblowing europea ha comenzado a aplicarse en España. Esta ley de protección al informante es de obligado cumplimiento para empresas de más de 250 empleados desde el 13 de junio y lo será para compañías de 50-250 trabajadores en diciembre.
Si no quieren enfrentarse a sanciones, deben facilitar un sistema confidencial que permita denunciar irregularidades internas.
De acuerdo con una encuesta de Personio, un 65 % de las compañías españolas ya cuenta con un canal de denuncias. Esto posiciona a España en el top 3 europeo. Es el segundo país más preparado. Un 23 % de las empresas reconoce no tener todavía una política de canal de denuncias. Alrededor de una décima parte desconoce si la tiene.
Cuando se les pregunta sobre la normativa, prácticamente 1 de cada 2 empresarios dice saber de qué trata y un 45 % ha oído hablar de ella. Mientras, un tercio de los trabajadores la conoce bien y un 23 % desconoce si su organización dispone de una política para denunciar infracciones.
Además, aunque un 43 % de los empresarios se muestra muy seguros sobre la gestión de faltas de conducta, solamente el 31 % de los empleados están de acuerdo con ellos. De hecho, el 87 % teme represalias.
Otros datos que deja Personio son que un 54 % de los empleados se han enfrentado a malas conductas en el trabajo, la cuarta parte en el último año.
Para denunciar estas situaciones inadecuadas, dos quintas partes prefieren tratar el asunto con el representante legal de la compañía. El canal electrónico anónimo se sitúa en el segundo lugar de preferencias (35 %), seguido de hablar en persona con el jefe o el departamento de Recursos Humanos (25 %).
Los motivos más señalados para establecer un canal de denuncia por parte de las organizaciones son la seguridad de sus subordinados (64 %), el cumplimiento normativo (39 %), el compromiso de los empleados (30 %) y la protección de la reputación corporativa (17 %).
