El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha presentado hoy un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión Europea de imponer una multa de 151,8 millones de euros a Telefónica por un abuso de posición dominante en el mercado español de banda ancha. Eso sí, el objeto del recurso no es la defensa de la compañía española sino las competencias del Estado español en materia de regulación de las telecomunicaciones y de su organismo supervisor, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
“El hecho de que las resoluciones de la CMT hayan quedado sin valor como consecuencia de una decisión posterior de la CE genera inseguridad jurídica y afecta gravemente al interés público y al desarrollo de un sector tan estratégico como el de las telecomunicaciones”, ha señalado el ministerio en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación.
Así las cosas, el Estado español considera una afrenta que la CE multase a la empresa española cuando la CMT no había considerado que estuviese llevando a cabo prácticas abusivas dirigidas a eliminar a la competencia.
El organismo español entiende que la institución comunitaria ha vulnerado los principios de especialidad, seguridad jurídica y legitimidad, y violado el artículo 82 de la CE, así como el deber de cooperación, afirmando que en todo el proceso el organismo comunitario no se ha puesto en contacto con la CMT.
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