La nueva Agenda Digital (España Digital 2025) cobra forma con un paquete de medidas estructuradas en torno a diez ejes estratégicos para impulsar la transformación digital de nuestro país.
Por ejemplo, se buscará que toda la población cuenta con cobertura de 100 Mbps en 2025, lo que supondría eliminar la brecha de conectividad que todavía existe entre el rural y las ciudades. Asimismo, España quiere lidera en despliegues 5G en Europa, teniendo el 100 % del espectro radioeléctrico preparado para esta tecnología en cinco años.
También se trabajará para reforzar las competencias de la ciudadanía. En 2025, 8 de cada 10 españoles deberían contar con competencias digitales básicas y de ellos, la mitad deberían ser mujeres.
Otro objetivo es sumar 20 000 especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos. España quiere reforzar especialmente la parte de la seguridad. Por otro lado, se trabajará en la aportación audiovisual patria para generar puestos de trabajo, incrementando un 30 % la producción audiovisual para 2025.
La economía del dato será otro eje y se espera que un 25 % de empresas usen la inteligencia artificial y el Big Data.
Además, España Digital 2025 no se olvida de la protección de trabajadores y consumidores, por lo que se elaborará una carta de derechos digitales.
Acelerar la digitalización empresarial, apoyando a micropymes y startups, y del modelo productivo en general con proyectos a nivel agroalimentario, energético, sanitario, turístico, de movilidad y comercio, serán dos misiones adicionales. Al menos una cuarta parte del volumen de negocio de las pymes debería proceder del comercio electrónico dentro de cinco años. Y se tendrían que reducir las emisiones de CO2 en un 10 % gracias a la digitalización.
Por último, la mitad de los servicios públicos tendrán que estar disponibles con una aplicación móvil, personalizándose las relaciones con una Administración más digital y con infraestructuras tecnológicas renovadas.
Para el periodo de dos años que va de aquí a 2022 se contempla una inversión de 70 000 millones de euros, de los que 50 000 millones procederán del sector privado y 20 000 millones, del público.
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Su cometido pasa por consolidar y ampliar el ecosistema industrial en España y Portugal.