El confinamiento derivado de la pandemia, con la generalización del teletrabajo y la potenciación de la Administración electrónica, ha permitido que en pocos meses se haya efectuado un notable avance en la digitalización en múltiples instancias.
Esto ha permitido que, por ejemplo, se haya aumentado la adopción de la firma electrónica por parte de las organizaciones, dándose el caso de que precisamente en España esta implantación ha sido mayoritaria hasta el punto de convertirse en el país europeo más avanzado en este aspecto. En concreto la firma electrónica tiene una presencia del 83 % en organizaciones, esperándose que en breve llegue al 90 %, según recoge un informe hecho público por IDG.
Dada la amplia utilización, el siguiente paso que están afrontando las organizaciones es el de integrar la firma electrónica en sus propios procesos, aunque esta labor se antoja algo más compleja. Esto se debe a que hasta un 83 % de las empresas mantienen la opinión de que aún no es satisfactoria la experiencia para el usuario, por lo que aún debe mejorarse la solución más adecuada al propio flujo de trabajo de las empresas.
La firma electrónica se ha convertido así en el principal aliado de profesionales, empresas y administraciones para evitar reuniones presenciales y desplazamientos, además de otorgar la máxima seguridad en la gestión documental. El uso principal que se da a la firma electrónica tiene que ver con transacciones como contratos, recursos humanos, préstamos… y en general para reforzar la protección contra el fraude.
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