España apuesta por la sensibilización en el uso del software legal

Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se ha reunido con representantes de BSA The Software Alliance y AMETIC, para firmar un acuerdo de colaboración que incluirá actividades conjuntas de concienciación sobre el uso del software legal.

La alianza busca una mayor sensibilización social en torno al derecho de la Propiedad Intelectual del software, y con el fin de “promover la utilización lícita de contenidos de programas de ordenador en el entorno empresarial como medio para el desarrollo del tejido empresarial español”.

La idea es que se llegue a concienciar a ciudadanos y empresas de los importantes beneficios que aporta para la economía española el incremento en uso legal del software.

En lo referente a la duración del acuerdo, que nace “en respuesta ante el uso no autorizado de software en España que produce repercusiones negativas en el ámbito empresarial y social”, se ha especificado que será de tres años.

Al valorar el acuerdo, el secretario de Estado ha destacado que “el software constituye una pieza clave en la nueva actividad económica y conforma un sector económico relevante y con gran potencial de futuro”, y ha apuntado que “sobre él se sustancian buena parte de los avances tecnológicos y de las nuevas funcionalidades de gestión de la información de las que hoy en día disponemos”.

Por su parte, Sarah Coombes, Managing Director para Europa, Oriente Medio y África de BSA, ha recordado que “según el último estudio de IDC, el 45% del software utilizado en los PCs españoles es ilegal, lo que conlleva también a una situación de alto riesgo para las empresas, ya que entre más alta es la tasa de software ilegal instalado en ordenadores en las empresas, mayor es la cantidad de malware encontrado”.

Por último José Manuel de la Riva, presidente de AMETIC, ha defendido que “la existencia de software ilegal no solo penaliza la inversión de esfuerzo y capital de la industria, sino que acarrea graves consecuencias como la competencia desleal, el freno a la productividad empresarial o la pérdida de talento y puestos de trabajo.