Tecnologías altamente sofisticadas dominarán sus oficinas y transformarán su forma de trabajar en los próximos 20 años. Así lo cree el personal de la Administración Pública de Europa, tal y como revela un estudio encargado por RICOH y realizado por Coleman Parkes Research.
Aunque esperan que su adopción sea relativamente lenta, están convencidos de que utilizarán numerosas innovaciones en su lugar de trabajo. Por ejemplo, el 70% de ellos señala la realidad aumentada, mientras que hasta un 62% habla de robots de sobremesa y de drones.
Otros más futuristas incluso prevén el uso de nodos de transmisión (56%), que podrían permitir la transmisión de información directamente al cerebro del empleado en forma de señales electrónicas. Por ejemplo, los datos clave relacionados con los servicios principales para los ciudadanos, las iniciativas internas, así como las normativas locales, nacionales y las de la Unión Europea, podrían transferirse de forma rápida a los empleados antes de una reunión importante.
Ante la pregunta de cuáles serán las ventajas de un lugar de trabajo evolucionado tecnológicamentemás de la mitad de los encuestados cree que tendrán mejor acceso a la información que necesitan para poder desarrollar su trabajo (59%), mientras que el 55% indica que les ayudará a terminar sus tareas con mayor rapidez y el 51% que contribuirá a mejorar la colaboración entre los empleados.
Eso sí, a cambio, los líderes de la Administración Pública tendrán que “hacer más con menos”. El estudio muestra que, aparte del coste (56%) y la seguridad (46%), la normativa del propio gobierno (43%) se considera el principal obstáculo para que el sector pueda adoptar las nuevas tecnologías.
Otros frenos adicionales para la adopción de nuevas tecnologías son la resistencia de los empleados (33%), la reticencia a adoptar nuevas formas de trabajar o nuevos procesos internos (27%) y la capacidad para interactuar con los sistemas tecnológicos anteriores (27%).
No obstante, antes de que los drones y la realidad aumentada lleguen, la Comisión Europea se ha propuesto como objetivo lograr que en 2015 el 50% de los ciudadanos y el 80% de las compañías utilicen la vía electrónica para interactuar con la administración.
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