Telefónica acaba de cerrar con los sindicatos el acuerdo para sacar adelante su Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que finalmente afectará a 6.500 trabajadores como máximo y cuyos costes asumirá la operadora.
El ERE en Telefónica ha sido uno de los más polémicos en los últimos años, siguiendo la estela de otros procesos de despidos contestados y convirtiéndose en el más criticado del panorama empresarial español de los últimos años. Declaraciones como las del presidente de la teleco, César Alierta, recordando que KPN había despedido al 10% de su plantilla en Alemania y que “no ha pasado nada”, no ayudaron a que el ERE fuese más popular.
La polémica arrancó el mismo día en el que se confirmó el plan de despidos, el pasado abril. Telefónica indicaba a la CNMV que esperaba reducir en un 20% su plantilla de 30.000 trabajadores y además externalizar algunas acciones. La telefonía fija iba a llevarse la peor parte, aunque también habría recortes en la directiva. Los buenos números de la empresa, que salvo en su filial española no ha dejado de crecer, hicieron que muchos españoles se llevasen las manos a la cabeza. ¿Era un ejercicio de irresponsabilidad despedir a tanta gente en un país con una situación económica complicada? ¿Era legítimo que Telefónica recortase plantilla y lanzase al paro a tanta gente cuando estaba ganando tanto dinero?
El debate estaba en la calle y la imagen de Telefónica – una empresa privada sin obligaciones estatales – empezó a verse dañada. Era el comienzo del escándalo y la polémica de uno de los ERE más críticados de los últimos tiempos. “Las empresas tienen derecho a gestionar sus recursos para buscar eficiencia, cuanto más mejor”, apuntaba en una comparencia el presidente de la patronal TIC, AMETIC, Jesús Banegas, recordando que el interés de las empresas era el de ser rentables y que la rentabilidad genera empleo.
Un expediente de regulación de empleo también crea, sin embargo, gastos al estado y el elevado número de despedidos que programaba en España Telefónica iban a caer como una losa sobre las arcas públicas. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, pidió a la compañía que asumiese el coste del ERE, especialmente teniendo en cuenta que el anuncio de los planes de reducción de personal coincidieron en el tiempo con el pago de cantidades muy elevadas a sus directivos. “Eso es lo que hemos criticado, que durante el momento en que se anuncia el ERE coincida con una gran retribución para sus principales directivos”, apuntaba el ministro.
La poca oportunidad de la fecha del anuncio coincidió con otros gestos no muy afortunados que incidieron todavía más en la imagen de la operadora de telecomunicaciones. En mayo, uno de los altos directivos de la firma era pillado por las cámaras de Televisión Española jugando a un videojuego en un tablet mientras se anunciaban los despidos. Si las imágenes eran de recurso de una junta anterior o no, como al final acabaron apuntando algunos internautas, poco importaba al final: el daño ya estaba hecho.
El ERE afectará al final a un máximo de 6.500 trabajadores y los costes los asumirá la propia compañía, aunque, además de la tragedia personal para sus empleados afectados, el daño que poderá causar a su imagen es todavía inestimable. La compañía de telecomunicaciones ha entrado en los últimos meses en la lista de malos malísimos de estos tiempos de crisis elaborada por el imaginario colectivo español.
¿Será capaz de hacerse olvidar este pecado? Más allá de la mala noticia, la firma cometió unos cuantos errores a la hora de abordar el anuncio del proceso y de convivir con la negociación del mismo, haciendo que algunos ciudadanos – y potenciales clientes – llegasen a la conclusión de que, sencillamente, no tenían sensibilidad.
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