El BOE (Boletín Oficial del Estado) publicó el viernes pasado la Orden Ministerial PCM/825/2023 que regula los criterios y el procedimiento de certificación de empresas emergentes (o startups).
La Empresa Nacional de Innovación (ENISA), que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha sido escogida como responsable de poner en marcha esta certificación en la Ley de Startups gracias a su experiencia en la financiación de pymes y de empresas emergentes. Así, ha abierto ya la ventanilla para solicitar el mencionado documento.
El Gobierno estima que unas 10.000 empresas pedirán la certificación para acceder a los beneficios fiscales que recoge la Ley de Startups.
Desde Moncloa esperan que el efecto potenciador de esta acreditación alcanzará a unos 150.000 puestos de trabajo, generando más facilidades tanto para quienes inviertan como para quienes funden este tipo de empresas innovadoras y teniendo un efecto multiplicador en la economía española.
“La certificación de una startup en España, primer país europeo que contará con un sistema de emisión de certificados, estará basada en el cumplimiento de varios criterios, entre los que destaca la antigüedad de la empresa, que su facturación no supere los 10 millones de euros o que cuente con un 60% de su plantilla en España, entre otros requisitos”, ha recordado en un comunicado el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.
Según Gómez, “el establecimiento de este sistema otorga amplia seguridad jurídica al sector de las empresas emergentes en España, favoreciendo que cada vez más grandes fondos quieran invertir aquí. España no es sólo el mejor país para vivir, sino también para emprender y para invertir. Con esta orden culminamos el procedimiento del marco de la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes e iniciamos un nuevo tiempo de modernización y de grandes oportunidades no solo para el crecimiento económico, sino también para el mercado de trabajo”.
La inversión de ENISA alcanza más de 1.260 millones de euros en 8.280 préstamos participativos distribuidos que han beneficiado a 7.220 empresas.
Este beneficio se reparte principalmente en actividades relacionadas con aplicaciones directas de la economía digital (que incluye hardware, software, servicios e internet), pero también con productos y servicios industriales.
Destaca la biotecnología, ingeniería genética, medicina, salud, servicios financieros, hostelería y ocio, y con un importante papel de las actividades vinculadas con la sostenibilidad, energía y recursos naturales, entre otros.
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