Europa celebra las elecciones al Parlamento el próximo fin de semana. Los más de 500 millones de ciudadanos de los 28 estados miembros están llamados a las urnas para elegir un total de 751 diputados (15 menos que en las elecciones de 2013).
Los españoles elegirán un total de 54 eurodiputados, que se anunciarán durante la noche del 25 de mayo.
Son las elecciones europeas más importantes hasta la fecha. El viejo continente, ávido de nuevas políticas que fortalezcan su economía y regeneren su confianza, mantiene abiertas heridas como el paro juvenil o la aún indefinida Unión Bancaria, que lastran su crecimiento.
El sector de las TIC lo componen industrias clave para esa recuperación. La más crítica la de las Telecomunicaciones, por las propuestas regulatorias que lidera la Comisaria Europea Neelie Kroes, en busca de un mercado único y más competitivo, compuesto de menos jugadores.
También inciden en el peso de la competitividad europea las políticas de I+D+i y los apoyos a la industria tecnológica (de la que dependen administraciones públicas, sector cultural y educativo entre otros).
El tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, da al Parlamento Europeo nuevas competencias. Por ejemplo, el próximo presidente de la Comisión Europea deberá ser nombrado en función de los resultados. Esto es, ahora es el Parlamento Europeo (elegido por los ciudadanos) quien designa al sucesor.
Este cambio es de gran trascendencia. El Parlamento comunitario es ahora clave en la toma de decisiones. Su opinión tiene el mismo peso que la de los gobiernos nacionales en todas las normas que rigen la UE.
Los partidos políticos europeos que han presentado sus candidatos a la presidencia de la Comisión son en realidad asociaciones que agrupan a otros partidos e individuos de otros países.
Los principales son el Partido Popular Europeo, que agrupa a 74 partidos de 39 países, entre los que se encuentra el PP español; le sigue el Partido Europeo de los Socialistas, que aglutina a 53 partidos y al PSOE. La Alianza de Demócratas y los Liberales agrupan 55 partidos (entre los que se encuentra el PNV); Los verdes, formado por 32 partidos y el partido de la Izquierda europea (que incluye a Izquierda Unida) tiene 26 miembros.
En los programas europeos de los principales partidos políticos de España hay mención a las industrias que componen el sector de las TIC.
El Partido Popular promete mejoras en el acceso a la financiación para nuevas empresas y mantiene en programa los objetivos de la trascripción española de la Agencia Digital europea, que aún está en fase inicial.
El programa europeo del grupo socialista que lidera Elena Valenciano también incide en facilitar el acceso a la financiación para las pymes mediante lo que denomina “mecanismos alternativos”.
Aboga por la flexibilidad del sistema de patentes, regulación refuerzo de vínculos entre ciencia y sector público y el impulso de políticas de financiación pública (de capital-riesgo).
Los socialistas también prometen trabajar a favor de un mercado único de telecomunicaciones y el fin del roaming que tanto incomoda a los operadores de Telecomunicaciones.
UPyD, que aún no ha pactado con ningún grupo europeo, pide una fiscalidad cultural común con IVA superreducido para la industria del libro y la equiparación del libro electrónico al de papel. Sigue con el control y transparencia de las sociedades de gestión de derechos de autor y propone la creación de un organismo europeo de la Propiedad Intelectual.
También demanda ley de crowdfounding para la UE, como lo hiciera recientemente EEUU, y el desarrollo de iniciativas para implantar Open Data. El grupo de Rosa Díez pide asimismo la creación de una “red europea autónoma de comunicaciones electrónicas” que garantice la protección del acceso, la confidencialidad y privacidad de los ciudadanos.
Izquierda Unida apoya el impulso a políticas comunitarias de I+D+i y propone la utilización de fondos públicos en las partidas I+D+i. El Gobierno de Mariano Rajoy renunció al objetivo del 3% del PIB en inversión en I+D para 2020 marcado por la UE, manteniéndose en el 2%. El Partido X, defiende en sus planteamientos la obligación de que el objetivo se mantenga en el 3%.
El partido de izquierdas pide definir Internet como Servicio Universal Gratuito para el conjunto de los ciudadanos con una velocidad mínima de un 1Mb, el fomento del Software Libre y se opone a la implantación de patentes de software que favorecen los intereses, dicen, de grandes corporaciones.
Se pide también un “cambio profundo” por el modelo actual de propiedad intelectual, para que favorezca a intereses colectivos en lugar de a intereses de empresas privadas y la despenalización del intercambio de archivos siempre que no tengan un fin lucrativo.
Como no podía ser de otra forma, el Partido Pirata es el grupo que más nombra las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en su programa político. La universalización de internet, la neutralidad de la red, dejar de considerar delictivo el libre intercambio, suprimir el canon y prescindir de “términos confusos” como los de propiedad intelectual o piratería, eliminación de patentes de software y la extensión del software abierto en los órganos públicos.
En este sentido reman las propuestas del Partido X. Defienden la creación de un mercado digital único, la neutralidad de internet, la extensión del software libre y la legalización del intercambio de ficheros “desmaterializados sin ánimo de lucro”.
Europa dio recientemente un paso a favor de la neutralidad de la red. Por el momento, la votación de abril dejaba de lado la posibilidad de que los operadores pudieran cobrar más a aquellos proveedores de servicios que requieran mayor ancho de banda.
En EEUU, ya se plantea la idea del Internet de dos velocidades, que a propuesta de la FCC podría ser el resultado a la guerra entre empresas de internet y operadores. No obstante, la norma está aún en medio de un intenso debate.
Los grupos europeos conformados tras las elecciones del domingo deberán decidir las reglas de internet. Hasta ahora, el ala izquierda del Parlamento (Socialistas, Verdes y Liberales) ha situado a los usuarios como prioridad, aunque la presión de los gigantes de la industria Teleco podría modificar la decisión definitiva.
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