Hace apenas un mes, 22 países miembros de la Unión Europa entre los que se encuentra España firmaban el polémico Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), que pretende luchar contra la violación de derechos de autor y la piratería digital. Se trataba de un paso simbólico pero necesario para la aprobación definitiva del texto y su aplicación en el Viejo Continente, extremo que se tendrá que corroborar durante los próximos días.
Así las cosas, pueden darse cuatro supuestos: que el Comité apruebe el acuerdo; que lo rechace; que lo remita al Tribunal de Justicia Europeo para revisar su compatibilidad con otras normas; o que no se pronuncie en ningún sentido. De dar luz verde a ACTA, los estados miembros estarán obligados a ratificarlo, pero si no pasa el corte sólo podrá ser aprobado de forma individual por cada uno de los países y su aplicación no será de ámbito comunitario.
Algunos países como Alemania, Holanda, Eslovaquia, Estonia y Chipre no han suscrito todavía el texto, y otros como Polonia ya han retirado su apoyo públicamente. Por su parte, el eurodiputado francés Kader Arif, ha presentado su dimisión como relator al discrepar con la forma en que se ha llevado adelante el proceso.
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